Los hombres claves del fraude

Autor: Leslie Ayala y Francisco Artaza
Cuatro oficiales, que hasta el lunes pasado tenían un alto rango en Carabineros, están en la mira de la fiscalía como los organizadores de las maniobras con que se defraudó, hasta ahora, en más de $ 11 mil millones a la institución. Un caso que podría salpicar, incluso, al alto mando de la policía uniformada.

El general director de carabineros, Bruno Villalobos, quien esta semana dio a conocer el fraude.

Reunión de trabajo. Así se titulaba el correo electrónico que a las 15.34 del lunes 6 llegó a las casillas de los correos electrónicos institucionales de siete oficiales de Carabineros. En el texto se señalaba: “Cítese el día de hoy, a las 17 horas, a una reunión de trabajo al personal de nombramiento supremo que más abajo se indica (tenida de turno), a realizarse en la oficina del jefe de departamento de personal, ubicada en el piso 7 de la Dirección General de Carabineros”.

A la hora que ese mail era recepcionado, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, volvía a Santiago tras un sorpresivo vuelo.

Esa mañana, Villalobos había viajado más de tres mil kilómetros, a Punta Arenas, para reunirse con el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y entregarle personalmente antecedentes que involucraban a personal de Carabineros en un millonario fraude que ya había alertado a la institución a fines de la semana pasada, en medio de un sumario administrativo.

La cita entre Villalobos y Campos no duró más de 40 minutos. Tras esto, el general director volvió a Santiago a enfrentar uno de los mayores escándalos en que se ha visto envuelta la institución en la última década.

Durante la jornada, al interior de Carabineros ya rondaban informaciones de un supuesto “robo” al interior de la institución. “A un teniente de Punta Arenas le habían depositado $ 300 millones en su cuenta corriente, al otro día los sacó del banco y los repartió, hay varias bajas cursadas”, comentaban algunos oficiales durante las primeras horas del lunes 6.

La “reunión de trabajo” que anunciaba el correo se concretó. Y fueron dados de baja los siete destinatarios del mensaje que hasta ese día integraban las filas de la Prefectura de Investigación de Accidentes de Tránsito, la Dirección de Tecnologías de Información, la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) y el Departamento de Finanzas. Villalobos hizo oficial la información en una conferencia de prensa convocada esa misma jornada, a eso de las 20 horas.

“Hay dos investigaciones en curso: la primera es judicial y la lleva el fiscal regional de Punta Arenas, y la otra es la administrativa, que ha generado los retiros de estos nueve oficiales”, dijo.

En el listado del correo se convocaba sólo a siete uniformados: dos fueron omitidos en la comunicación electrónica.

Se trata del general Flavio Echeverría Cortez, ex jefe de la Unidad de Intendencia, y el coronel Jaime Paz Meneses, jefe del Departamento de Presupuesto y Finanzas. A ambos se les cursó el expediente de baja. Villalobos hizo una distinción ese día: “Hay algunos que son participantes directos del hecho delictual, pero también hay algunos que están llamados a retiro por una condición de mando”.

Una hora antes de la conferencia de prensa en que estallaba el caso de fraude al Fisco -que podría llegar a más de $ 11 mil millones-, el general director había visitado al fiscal nacional, Jorge Abbott.

Aunque no entregó mayores antecedentes, conocedores de la cita (de la que La Moneda estaba al tanto) sostienen que la máxima autoridad de Carabineros puso a disposición del jefe del Ministerio Público toda la colaboración en la investigación penal. Junto con esto, le adelantó que cursarían el retiro de varios involucrados en el caso, manifestándose muy dolido y conmocionado por la situación.

Desde Interior señalan que desde hace meses manejaban la información de un sumario administrativo que involucraba eventuales irregularidades con dineros de remuneraciones de Carabineros. El caso se seguía con atención, pero sólo el jueves 2 el sumario tomó ribetes inesperados.

Ese día, el general director pide de forma telefónica una audiencia con el ministro del Interior, Mario Fernández, debido a antecedentes “muy serios” que debía comunicarle. Durante esa jornada, el teniente coronel Mauricio Saldaña había confesado, en el marco de la investigación administrativa de Carabineros, haber recibido más de $ 300 millones entre 2013 y 2015, luego de que un ex oficial le pidiera hacer uso de su cuenta corriente como destino de millonarios depósitos ($ 40 y $ 50 millones) que luego debía devolver en efectivo, sacando como “comisión” el 10% de la transferencia. La Moneda entró en alerta.

Este testimonio y otros del sumario ya están en poder del fiscal regional Campos y el fiscal experto en análisis patrimonial, Miguel Angel Orellana, quienes realizan la investigación penal junto a personal del 0S-7 de Carabineros.

La causa penal había partido hacía varios meses, en octubre de 2016, por eventuales delitos de fraude al Fisco y malversación de caudales públicos. Fue a propósito de un reporte de operación sospechosa que detectó el banco de uno de los carabineros y que se lo dio a conocer -como obliga la ley- a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En La Moneda hay una buena evaluación de la forma en que Villalobos ha reaccionado. Reconocen que el general director de Carabineros desconcertó un poco a todos al optar por actuar con la mayor celeridad, un actuar muy distinto al del Ejército luego de que salieran a la luz los escándalos del denominado “milicogate” y las denuncias de eventuales irregularidades financieras que involucran, incluso, al ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba.

En el gobierno aseguran que seguirán dando todo el respaldo a Villalobos mientras actúe en forma prolija y ajustado a derecho. Fuentes de Palacio sostienen que el general no pidió autorización, ni advirtió que daría una conferencia de prensa, sino que sólo en términos amplios pidió el respaldo para tomar acciones. El gobierno le dijo que lo apoyaría en las acciones que considerara necesarias, “dentro del ámbito de sus atribuciones”, para aclarar y sancionar con el mayor rigor estos hechos.

Desde Interior sostienen que Villalobos optó por hacer públicos los hechos para proteger la imagen de la institución. Prefería que fuera Carabineros el que diera a conocer las irregularidades en las que había involucrados efectivos policiales y no que se fuera a filtrar por la prensa desde fiscalía u otro lado.

“La mafia de la intendencia”
En una sesión de la Comisión de Seguridad del Congreso realizada el viernes 10, que incluyó una parte con carácter reservado, el general director sostuvo ante los parlamentarios que en la indagatoria administrativa que lleva adelante Carabineros habría al menos 50 funcionarios involucrados con algún grado de responsabilidad y que se proyecta que el fraude pueda superar los $ 11 mil millones. Algunos de ellos, precisó la autoridad, tendrían sanciones menores, pues no se trataría de participación directa, sino que su responsabilidad recaería en falta de control y fiscalización. El general director comprometió, en todo caso, “sanciones a todos”.

La fiscalía ha destinado gran parte de su labor al análisis patrimonial de los destinatarios de dinero, pero principalmente de quienes son sindicados como los organizadores de lo que sería denominada “la mafia de la intendencia”.

El propio Villalobos comentó en la sesión reservada, según uno de los presentes, que había una operación muy bien montada al interior del Departamento de Intendencia y en la que estaban involucrados todos los escalafones. Sostuvo también que hay sospechas de que los mandos superiores, responsables de las líneas de control y fiscalización interna, también estaban en “la mafia”, según la denominó, lo que impidió que se detectara a tiempo y que operara al menos desde el 2011 hasta el 2015. Otra razón para la demora en ser detectado el fraude, según confesó la máxima autoridad de la policía uniformada, es que los involucrados en su mayoría fueron muy cuidadosos en el gasto de los dineros.

Esos hombres claves, según lo que han arrojado el sumario y la investigación penal -donde se ha centrado el estudio patrimonial- serían liderados por el coronel Jaime Paz Meneses. Reportajes contactó al ex oficial, pero éste declinó referirse a las imputaciones en su contra, excusándose de que el tema está judicializado.

Al interior de Carabineros destacan la trayectoria de Paz Meneses y aseguran que siempre tuvo una labor ejemplar, representando a la institución en discusiones presupuestarias en el Congreso, incluso. Su esposa es también oficial y dependiente del mismo Departamento de Intendencia. Sólo algunos han reparado que poseía un inmueble y una parcela en Buin que no se condecían con el estilo de vida de un uniformado de su rango.

Paz Meneses, en conjunto con el comandante Héctor Nail Bravo, Francisco Estrada Castro y el teniente coronel Pedro Valenzuela San Martín serían sindicados por los oficiales receptores de dinero como el núcleo duro tras las maniobras defraudatorias, según las fuentes consultadas. La policía que trabaja con los fiscales lo hace bajo la hipótesis de si todos ellos podían autorizar las millonarias transferencias a los uniformados con el desconocimiento del general Flavio Echeverría, hasta ahora la autoridad de mayor rango marginada de la institución por el escándalo.

El modo de operar, reveló Saldaña en su declaración administrativa, que publicó el jueves 7 a La Segunda, en su caso fue que ante la precariedad económica que vivía por un cáncer que le detectaron a su esposa en 2010 y la posterior enfermedad de una de sus hijas, recibió la ayuda de un teniente coronel de la intendencia. Este organizó colectas para ayudarlo y luego de eso, en 2013, le habría pedido a cambio un favor: prestar sus cuentas bancarias para recibir depósitos millonarios. Cada vez que recibía el dinero, al día siguiente emitía un cheque a su nombre por el 90% de la transferencia y sacaba el dinero en efectivo, el cual debía devolver al oficial.

La colaboración de Saldaña ha sido vital y esto lo destacan los ex fiscales Vinko Fodich y Alejandro Peña, quienes asumieron esta semana su representación. “Lo importante es que la fiscalía distinga que nuestro cliente es el último eslabón, y que no puede tener igual responsabilidad que los mandos altos que organizaban estos hechos”, dijo Fodich. Su socio, en tanto, sostuvo que “le hemos dicho al fiscal Campos que estamos a su disposición para colaborar, porque esa es la postura del ex oficial, quien presentó su renuncia voluntaria a Carabineros tras declarar en el sumario, la que no fue aceptada”.

Entregas en estacionamientos
En la aludida publicación no se sindica quién era el oficial que hizo las solicitudes al teniente coronel Saldaña, pero Reportajes constató que la versión del ex uniformado en el sumario apunta a otro supuesto miembro del grupo de la Intendencia de Carabineros. Se trata del teniente coronel Robinson Carvajal Leiva, quien renunció a la institución en 2015.

En el entramado que indaga la fiscalía y que se entregó como antecedente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) el viernes 10 existiría la eventual participación también de civiles, aunque sería un grupo minoritario.

Las entregas de dinero en efectivo a los líderes del fraude habrían sido ejecutadas en bolsos negros, en estacionamientos e, incluso, sostienen algunos receptores, en la propia Escuela de Carabineros. La fiscalía pesquisa una transacción de hasta $80 millones en efectivo y persigue la ruta de estos dineros.

El fiscal regional Campos -quien antes de integrar el Ministerio Público se desempeñó como fiscal militar del Ejército y Carabineros en Punta Arenas- trabajaba el viernes junto a su equipo en las órdenes de detención que pedirán ante la justicia con miras a las formalizaciones. Decisiones que se vieron precipitadas ante el estallido del caso y que -hasta el cierre de esta edición- aún no se concretaban.

En junio de 2013, la revista institucional de Carabineros publicó una nota titulada “Asesoría y $ustento” (sic) a la labor operativa. En un extenso reportaje, aparecen fotografías del coronel Paz, el teniente coronel Valenzuela y el entonces general Echeverría, quienes daban cuenta de su labor en la institución manejando un presupuesto de $ 792.694.915.000, de los cuales el 78,47% estuvo destinado para el pago de remuneraciones.

Las sospechas de la defraudación está en estos dineros, algunos destinados a viáticos y bonos, pero también en los presupuestos anuales. Una vía era que cuando un carabinero era dado de baja, el monto de su remuneración seguía alojado en esa partida, pudiendo un tercero retirarla sin levantar sospechas.

“El personal de Orden y Seguridad no puede dedicarse a estas materias, porque se distrae de su objetivo central, mientras que el oficial de finanzas asesora de cerca la gestión operativa, por lo que necesita tener conocimientos y un perfil que le permitan aportar valor agregado a los servicios (…). Somos expertos en el área financiera y económica, ahí está nuestro compromiso”, sentenció Echeverría en la referida publicación institucional al destacar su propia labor.

 

(Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/los-hombres-claves-del-fraude/ y selección de  Quorum)