«Como en la sala estaban presentes los 38 senadores en ejercicio, se requerían 25 votos para que volviera la tramitación del proyecto a la Cámara de Diputados.» (Quorum: 2/3 de senadores presentes en la sala)
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La próxima semana se abrirán las postulaciones para reemplazar a Sabas Chahuán en el cargo. Un desafío de su sucesor será decidir quién continuará indagando los casos Penta y SQM.
Por V. Rivera, J. Matus, A. López y F. Díaz 29 de agosto del 2015 / 01:40 Hrs
La próxima semana comienza la carrera para quienes quieran convertirse en el próximo fiscal nacional. Ayer el Pleno de la Corte Suprema decidió que a partir del lunes se abrirán las postulaciones para quienes quieran estar al mando del Ministerio Público por los próximos ocho años, donde los desafíos no sólo serán mejorar las estrategias de persecución criminal, sino que también liderar las complejas investigaciones de corrupción en desarrollo. Los casos Penta y SQM marcarán estas elecciones, dado que el sucesor de Sabas Chahuán deberá decidir si continúa a cargo de estas indagatorias o se las designa a otro persecutor.
Fue el mismo presidente del máximo tribunal quien le comunicó ayer al Pleno de ministros que el lunes se publicará el llamado a concurso para reemplazar a Chahuán, quien termina su mandato el 1 de diciembre. La decisión de los magistrados fue oficializada por su vocero, Milton Juica. “A partir de la próxima semana los interesados pueden hacer sus postulaciones”, dijo.
Una vez publicado el anuncio, los candidatos tendrán 10 días para entregar sus antecedentes, proceso que terminará la segunda semana de septiembre. Posteriormente, de acuerdo a lo estipulado en el autoacordado del máximo tribunal emitido el 21 de agosto de 2007, hay un plazo de ocho a 10 días para que revisen si los postulantes tienen los requisitos necesarios, entre los cuales está tener más de 40 años y haber ejercido 10 años como abogado (ver listado). Es por esto que, ya con la lista definida, se llamarán a los candidatos para su exposición, la que debería fijarse entre el 21 y 25 de septiembre. Otro de los magistrados del máximo tribunal señaló que el día elegido todos los candidatos expondrán ante los jueces por cerca de 10 a 15 minutos sobre sus antecedentes profesionales, la razón por la que postularon al cargo, su evaluación del momento actual del Ministerio Público y su propuesta de gestión.
Los ministros decidieron que el mismo día que los postulantes expongan darán a conocer el nombre de los integrantes de la quina. Es por esto que el proceso no pasará de la última semana de septiembre, según proyectan algunos jueces. Posteriormente la Presidenta tendrá 10 días para enviar el nombre de uno de los candidatos al Senado, el que deberá elegirlo con dos tercios de la Cámara Alta.
La audiencia que se efectuará en la Suprema será pública y transmitida por la web del Poder Judicial, En 2007, el proceso de postulación el 1 de septiembre, y 22 días después, la Corte Suprema eligió a la quina.
Los candidatos
Al interior del Ministerio Público trascendió que son seis los nombres que se manejan como eventuales candidatos, sin embargo, fuentes cercanas al proceso de postulación señalan que dos ya tomaron la decisión de presentar su candidatura de manera oficial.
Uno de ello es el director ejecutivo de la Fiscalía Nacional, Jorge Abott, quien por segunda vez postula al cargo, y según señalaron desde su círculo más cercano, en una eventual elección buscará mejorar la coordinación institucional del Ministerio Público con las policías y la calidad de las investigaciones penales, particularmente en delitos contra la probidad.
Un segundo candidato que confirmó a sus cercanos que postulará al cargo es jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la fiscalía Centro Norte, José Morales.
Otro de los posibles postulantes es el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, quien está evaluando si presenta la candidatura.
Consultado, declinó referirse a si decidió presentarse al proceso, sin embargo, sostuvo que “quien sea elegido deberá ordenar las prioridades de trabajo hacia la persecución penal y debe estar apoyando a los fiscales en las causas que tienen día a día, la que en gran mayoría no aparece en la prensa, pero son muy relevantes para los chilenos comunes y corrientes”.
Raúl Guzmán, fiscal regional Sur, también evalúa postular al puesto de máxima autoridad del Ministerio Público. De acuerdo a sus cercanos, aún no define su postulación.
Otro de los que se encuentra evaluando su postulación es el fiscal regional de O’Higgins Luis Toledo, quien indaga el caso Caval.
Desde fuera del Ministerio Público trascendió que evalúan presentar sus candidaturas el ex fiscal Xavier Armendáriz y el profesor de la U. Diego Portales, el abogado Cristián Riego.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/08/680-644971-9-corte-suprema-resolvio-iniciar-la-carrera-por-la-fiscalia-nacional.shtml y selección de Quorum)
El proyecto señala que se solicitará la cédula de identidad en lugares de peligro y de grandes aglomeraciones.
Por Daniela Astudillo y Víctor Rivera 20 de agosto del 2015 / 00:08 Hrs
Una intensa jornada se vivió en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que tiene como misión despachar la agenda antidelincuencia ingresada en abril por el gobierno, y que se ha enfrentado a una seguidilla de vallas. La más conflictiva ha sido la indicación sobre el control de identidad preventivo que hicieron un grupo de diputados perteneciente a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
Este punto no estaba en el proyecto original del Ejecutivo, el que buscaba endurecer las penas a quienes fuesen condenados a penas efectivas de cárcel por cometer ilícitos contra la propiedad. Sin embargo, el eje del debate cambió cuando esa comisión aprobó la indicación, con los votos de parlamentarios PPD, DC, UDI y RN. Votaron en contra Karol Cariola (PC) y Giorgio Jackson (RD).
El debate se planteó en La Moneda, por lo que se debió redactar una nueva indicación, la cual ingresó al Parlamento el 2 de julio, siendo presentada en la ocasión por la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Este propone que la autoridad policial controle la identidad de las personas “con antecedentes fundados que permiten inferir que una determinada persona tiene órdenes de detención pendiente (…) En las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias especificas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público”. El inciso busca sustituir lo aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana que dispone que la policía puede realizar en cualquier momento la inspección (ver recuadro).
Pero ¿Qué alcances tiene la indicación del gobierno y a qué lugares se refiere la propuesta? Ayer en la Cámara, el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, explicó: “Aquí no está la posibilidad que Carabineros revise vestimentas, o una cartera, salvo que se trate de Ley de Control de Armas. Al proponer ciertos lugares, damos un criterio de racionalidad, porque también se trata de ciertas circunstancias de orden público”.
Además, agregó que aún no se ha llegado un concenso de qué zonas pueden ser catalogadas de peligrosas, sin embargo, señaló que “se trata de lugares específicos de orden público, con el fin de bajar la cantidad de delitos de mayor connotación (…)Esto se ha estado trabajando con el Ministerio del Interior, pero aquí no sólo se trata de un lugar, sino también de casos donde pudieran haber alteración de orden publico “.
Desde la oposición las críticas no tardaron en llegar (ver página 4), tras considerar que la indicación no representa el espíritu de la propuesta inicial de los diputados. El parlamentario UDI, Arturo Squella, señaló: “Nosotros creemos que es mejor el método aleatorio, porque no queremos que se produzca menoscabo en la personas, pues al discriminar en un lugar y otro , se discrimina también a los que habitan en esos lugares. No nos parece justo”.
La directora de Justicia de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, valoró la medida del gobierno, pues estandariza de mejor manera las facultades policiales y acota más la indicación. “Hay un mayor juicio de racionalidad a lo expuesto por los diputados y constituye un avance importante a la discusión que se estaba planteando”. Además, agregó que “son los legisladores los que deberán establecer los lugares de peligro o de riesgo”.
El diputado PS, Osvaldo Andrade, fijó postura de inmediato. “A mí me tienen que garantizar que este mecanismo no va caer en algún tipo de vicio clasista y racista. Preocupa que se establezca este control de identidad en aglomeraciones, puesto que se puede comenzar a aplicar eventualmente en marchas”, señaló.
Por su parte el abogado de la UDP, Mauricio Ducce, indicó que si bien la propuesta del Ejecutivo es “interesante”, no ataca el fondo del asunto. “El problema de seguridad no se soluciona con el control de identidad, ni menos con más facultades a la policía, sino con entregarles mayores responsabilidades en la coordinación policial”, dijo.
Rechazo a cárcel para primerizos
Con todo este contexto, ayer debía votarse la agenda antidelincuencia, sin embargo, se levantó la sesión en la Comisión de Constitución y se postergó hasta septiembre. De lo que se alcanzó a discutir de este proyecto fue el artículo que buscaba la cárcel efectiva para quienes fueran condenados por primera vez por delitos contra la propiedad, el que fue rechazado. Además se rechazó la propuesta de la UDI que extendía indicación a delincuentes primerizos, que efectúen algún acto con violencia.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/08/680-643691-9-que-implica-el-control-de-identidad-preventivo-propuesto-por-el-gobierno.shtml y selección de Quorum)
En su visita a Chillán, la Mandataria visará la iniciativa que comprometió hace exactamente un año, el 20 de agosto de 2014.
Por Camilo Carreño20 de agosto del 2015 / 07:08 Hrs
Para las 9.30 está programada la ceremonia en la que la Presidenta Bachelet firmará el proyecto de ley que creará la nueva Región de Ñuble. Esto, junto con participar de la conmemoración del natalicio de Bernardo O´Higgins, en su visita a Chillán.
Así, la nueva decimosexta región estará dividida en tres provincias: Del Valle Itata, del Diguillín y de Punilla, las cuales concentran alrededor del 22% de los habitantes de la VIII del Bío Bío con poco más de 440 mil. En total serán 21 comunas en una superficie de más de 13 mil kilómetros cuadrados.
Con la firma de este proyecto, la Presidenta Bachelet cumplirá lo comprometido en su anterior visita a Chillán, cuando el 20 de agosto de 2014 informó la creación de la nueva región.
Luego de esto, la Mandataria volverá a Santiago para posteriormente viajar a Paraguay. Todo, en el marco de una visita diplomática en la cual se reunirá con el Presidente de ese país, Horacio Cartes.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/08/680-643706-9-bachelet-firmara-proyecto-de-ley-que-crea-decimosexta-region-de-nuble.shtml y selección de Quorum)
20 de agosto de 2014 informó la creación de la nueva región.
Proyecto de ley contempla un «techo» en costos por copago para los afiliados.
Por Oriana Fernández 17 de agosto del 2015 / 03:08 Hrs
Un “tope” a los montos que pagan los afiliados de isapres por concepto de salud cada año, incluirá el proyecto de ley que prepara el gobierno para reformar el sector privado. Se trata de un sistema stop loss, que busca que los seguros cubran los gastos excesivos de los usuarios.
El proyecto de ley -que sería enviado en septiembre al Parlamento-, contempla la creación de un plan base, la eliminación de la declaración de salud o ‘filtro de ingreso’ a estas compañías y un fondo que distribuirá las cotizaciones dentro del sector.
El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, explicó que esta iniciativa será parte esencial de la reforma para que el sector opere de manera solidaria. “El objetivo es entregar cobertura financiera a las personas, tal como sucede con el Plan Auge, donde los beneficiarios tienen una protección financiera adicional al plan de salud (60% en el ámbito ambulatorio y 80% en lo hospitalario), una suerte de ‘techo’ de gasto para proteger a las familias”.
Esta propuesta -que fue consensuada por los expertos que integraron la comisión presidencial para la reforma al sistema de aseguramiento-, implica que si un afiliado desembolsa más de un 30% de su salario anual en copagos para prestaciones, será la póliza la que cubrirá los costos extras. Esto sucedería si se trata de varias patologías o bien de una enfermedad de carácter grave o catastrófico.
El superintendente señaló que tampoco importará si la persona acumula este gasto en salud en un sólo mes o bien ocurre a lo largo del año, pues el seguro deberá responder.
La propuesta genera reparos en la industria. De hecho, los representantes de las isapres en la comisión de reforma al sector plantearon que no se debería fijar un porcentaje del ingreso, pues podría incentivar a una subdeclaración de las rentas. La Asociación de Isapres también rechaza a la iniciativa (ver nota secundaria).
Efectos
Pavlovic aseguró que las aseguradoras deberán entregar tres opciones de planes de salud con redes de clínicas y hospitales distintos para que sean los usuarios quienes elijan. ¿Cuánto valdrán estos programas? Además del 7% de la cotización legal, las personas pagarán una prima comunitaria de acuerdo a su grupo familiar.
La autoridad dijo que con esta modalidad, las mujeres y los adultos mayores verán un descenso en los precios de sus programas (ver infografía). Según la proyección, las afiliadas tendrían un ahorro de $ 30.936, mientras que un adulto mayor de 70 años bajaría sus pagos en $ 102.204. El superintendente plantea que, más que ahorrar, “las personas estarán más protegidas durante todo su ciclo vital”. La iniciativa también incluye que la cobertura mínima de 80% en lo hospitalario y de 60% en el ítem ambulatorio para todos los usuarios.
La autoridad dijo que para acceder a estos planes, las aseguradoras deberán eliminar la declaración de salud: “Plantear la selección de riesgos que se hace hoy es incompatible con la seguridad social. Hay que ver qué mecanismos se pueden aplicar (en reemplazo de la declaración), sin olvidar que no se puede discriminar a enfermos, a las mujeres o a los adultos mayores”. Agregó que para ello existen ejemplos que se podrían tomar, como que las personas deban permanecer un determinado tiempo en su seguro antes de cambiarse.
El proyecto de ley también incluirá la creación de un fondo interisapres o de “compensación de riesgo”, que aúna los recursos de los cotizantes. “Se necesita un fondo de este tipo, pues permitirá la movilidad de personas”, planteó. Añadió que un panel de expertos calculará los reajustes de precios, lo que llevará a “disminuir la judicialización”, pues habrá criterios objetivos de estimación de tarifas.
En paralelo, el superintendente aclaró que se formará un fondo mancomunado en el que cotizante de isapres y Fonasa aportarán menos del 1% de su pago mensual. Ello hace prever al sector privado que habría una fuga de personas desde el seguro público hacia las aseguradoras. Al respecto, Pavlovic dice que el 50% de los afiliados de Fonasa no pueden cambiarse, pues el precio “constituye una barrera de entrada”.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/08/680-643275-9-isapres-deberan-asumir-gastos-en-salud-de-los-usuarios-cuando-superen-el-30-de.shtml y selección de Quorum)
Sobre el mantenimiento de Punta Peuco, como recinto para el cumplimiento de penas de ex uniformados, dijo que está “en evaluación
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, aseguró que el Ejecutivo está trabajando para terminar con los beneficios carcelarios para personas condenadas por crímenes contra los Derechos Humanos.
Además, la autoridad calificó como una “situación lamentable” el suicidio del general en retiro del Ejército Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que se quitó la vida este jueves tras ser condenado por la Corte Suprema a 10 años y un día de cárcel, por su responsabilidad como autor en un delito de secuestro, y a 10 años y un día, por el delito de asociación ilícita, sin beneficios, en el caso por la muerte del químico Eugenio Berríos.
“Hemos señalado que se deben terminar los pactos de silencio y lo que corresponde es que establecida la verdad las personas enfrenten sus condenas y se cumplan las condenas. Obviamente este caso es una situación lamentable, pero como gobierno vamos a seguir trabajando por el esclarecimiento de la verdad”, planteó la secretaria de Estado.
La ministra aseguró que “vamos a seguir avanzando en legislaciones que van en la búsqueda, no sólo de dar justicia, sino que de establecer verdades y establecer la imprescriptibilidad de ser amnistiados delitos que hoy día son reconocidos en los tratados internacionales como delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y de genocidios. También estamos trabajando por la posibilidad cierta de que en este tipo de hechos, gravísimos atentados a los Derechos Humanos de las personas, sea imposible acceder a beneficios intra penitenciarios».
Respecto al dictamen de la Corte Suprema que decretó la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones, ex carabinero condenado a presidio perpetuo por el homicidio de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, la ministra confirmó que el Ejecutivo presentará acciones para revertir esa decisión.
“Siempre hemos dicho que no vamos a comentar fallos, ustedes saben que el día de ayer en el caso de Sáez Mardones se confirmó la libertad condicional. Por cierto que no vamos a cambiar nuestra en cuanto a no interpretar fallos, pero también es cierto y les podemos decir que nosotros, a través del programa de Derechos Humanos, que va a pasar a ser parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vamos a presentar un recurso para efectos de poder alegar la falta de defensa, que nos parece que acoge un principio básico toda vez que no fue posible realizar los alegatos”, expuso».
Sobre el mantenimiento de Punta Peuco, como un recinto exclusivo para el cumplimiento de penas de ex uniformados condenados por violaciones de Derechos Humanos, la ministra Blanco destacó que es algo que está «en evaluación».
El intendente de La Araucanía conversó con Cooperativa acerca de la situación en su región.
Pidió que los pueblos indígenas tengan participación en un estado plurinacional.
El intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, conversó con Cooperativa sobre el rol del Gobierno en el conflicto en la zona, tras el anuncio de una posible movilización de camioneros en las cercanías de La Moneda.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Huenchumilla sostuvo que «en La Araucanía tenemos una situación compleja en ese sentido desde hace unos 20 años a la fecha y los distintos gobiernos han probado todas las recetas desde el punto de vista policial, presentando querellas, legando la investigación al Ministerio Público y la Policía y la sentencia en los tribunales, pero seguimos con este problema».
«El tema es de naturaleza política y las medidas que tenemos que tomar van más allá de lo meramente policial, sino que hay que entrar al fondo del problema para la resolución de este conflicto (…) Yo creo que el Estado tiene que sincerar esta situación en orden a reconocer los objetivos que están pidiendo los pueblos indígenas, en este caso de ser actores reconocidos en un estado plurinacional y no esconder bajo la alfombra la existencia de los pueblos indígenas», indicó.
Al ser consultado sobre las críticas de José Manuel Edwards (RN), la autoridad regional respondió que «el diputado Edwards nos tiene acostumbrados a hablar con el estómago porque esas expresiones no son muy racionales (…) la derecha, a la cual pertenece el señor Edwards, tuvo cuatro años para investigar esto y no encontró nada».
«La Policía y la autoridad política actúan de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ley la autoridad politica le da el respaldo respectivo a Carabineros y a la Policía de la manera como actuar, pero los aspectos tácticos de como enfrentar la situación en terreno, de donde colocar los vehículos, los planes de acción, el tipo de armamento, son cuestiones tácticas que el ministro del Interior no puede estarle diciendo a Carabineros como actuar, simplemente le da directrices políticas», recalcó.
(Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/huenchumilla-por-violencia-en-la-araucania-debemos-tomar-medidas-mas/2015-08-13/080932.html y selección de Quorum)
Mario Ramos M. | Miércoles 12 de agosto 2015 11:37 hrs.
A fines de julio, la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile presenta sus conclusiones para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. En efecto, la Presidenta de la República en su discurso del 21 de mayo anunció la creación de este ministerio, no obstante no ser parte de su programa de gobierno.
El anuncio sorprendió a muchos, ya que no se avizoraba en la agenda política, siendo muy bien recibido por la comunidad científica y universitaria, pues se trata de un importante anhelo voceado en diversos foros y respaldado por el Consejo de Rectores.
La constitución de la Comisión, dirigida por Gonzalo Rivas, partió con un pie atrás al considerar entre sus muchos miembros sólo dos representantes de regiones. Grave asimetría, considerando que la mitad de la fuerza de investigación y desarrollo del país se encuentra fuera de la región metropolitana. Centralismo a más no poder.
Los miembros de la Comisión se reunieron con actores locales en todo Chile. Hubo diálogo, pero no acuerdos. Claro, la potestad de decidir la tenía la Comisión, para eso era el mandato presidencial.
Ha trascendido que existirían dos propuestas de institucionalidad, una de la Comisión y otra alternativa generada desde CORFO. De su primera lectura nos parece que la Comisión Presidencial (la dirigida por Rivas) responde mejor a los requerimientos del país, claro que con ciertos matices.
Ambas propuestas diferencian la institucionalidad a niveles estratégicos, político y de ejecución,fijando en el nivel estratégico un órgano colegiado, una suerte de Consejo, que elaboraría estrategias nacionales y recomendaciones de mediano y largo plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Sin embargo, hay tres aspectos aún por aclarar: a) cuál sería la componente regional en ese consejo, b) cómo se vincularía este consejo con el nivel regional y c) qué grado de vinculación tendrían las decisiones del consejo en la acción política de los ministerios y gobiernos.
Teniendo respuesta a lo anterior, nos parece muy positiva la creación de este órgano, clave para la orientación y fijación de lineamientos en temas de CTI, los que escapan largamente un periodo presidencial. Consejos como este existen en la gran mayoría de países que han logrado importante niveles de desarrollo. Pero, creemos que es la oportunidad de dotarlo de importantes grados de participación regional, por ejemplo en su composición con al menos el 50% de sus miembros. Es fundamental además, que las regiones dispongan de “Consejo Regional” que, en un enfoque desde “abajo”, retroalimenten las estrategias nacionales y viceversa. En la Región del Biobío este rol lo podría perfectamente jugar la Corporación de Desarrollo Regional.El efecto vinculante del Consejo debe estar dado por ley y la renovación de sus miembros debería hacerse por parcialidades en diferentes periodos presidenciales.
Probablemente la principal diferencia entre la propuesta “Rivas” y la de CORFO reside en la ubicación que tendría esta última agencia en la nueva institucionalidad.
La primera opción propone reunir en un solo ministerio de “Ciencia, Tecnología e Innovación” a CONICYT y a CORFO, además de incluir la Iniciativa Milenio que actualmente está en el Ministerio de Economía y los aspectos de financiamiento y la regulación de la formación a nivel de doctorados y post-doctorados, dejando fuera las actividades de intermediación financiara a empresas que seguiría en el Ministerio de Economía.
La propuesta de CORFO dejaría a CORFO en el Ministerio de Economía, fortaleciendo allí la función de Innovación, traspasando algunas de sus responsabilidades al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología y reuniendo a CONICYT, INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) y algunas acciones del Ministerio de Educación.
Nos parece del todo coherente la primera alternativa, la de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reúna a CONICYT y CORFO, y otros. Siendo la innovación el motor que transforma las ideas en valor, clave para el desarrollo humano de los países, su práctica se basa esencialmente en la ciencia y en el capital humano y social, donde la creatividad juega un rol decidor. Debemos entender la innovación como un proceso que lleva aimplementar soluciones sociales o tecnológicas; públicas o privadas. La innovación se aplica tanto a las empresas como a los problemas sociales o ambientales. En este proceso todas las ciencias son fundamentales, sean sociales, exactas o naturales.
La ciencia es parte de la innovación. La innovación es el proceso que conecta creación, investigación y requerimientos de la sociedad. No es un fin, es un camino.
De ahí que nos parezca coherente una integración de las políticas públicas entre creación de conocimiento, demandas públicas y privadas y la formación de capital humano, a modo de avanzar hacia una ciencia para el desarrollo, donde el foco esté en la creación de valor y en la solución de problemas complejos como los del hábitat, los ambientales, de la salud y en definitiva los del desarrollo humano. Esperaremos la decisión presidencial y la discusión que se avecina en el congreso, esperando que primen las miradas holísticas, de experiencias comparadas y de integración territorial.
Dr. Mario Ramos Maldonado
Director General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad del Bio-Bio.
Catorce militares en retiro deberán cumplir penas por secuestro y homicidio del ex químico de la DINA.
Entre los condenados está el ex fiscal militar Fernando Torres Silva.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, ocurrido a partir de octubre de 1991 en Chile y Uruguay.
El químico huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio en Chile por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Acompañado por el entonces mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez, asesino confeso de Tucapel Jiménez, se instaló en Montevideo.
Ahí Berríos fue protegido por miembros de la inteligencia militar chilena y uruguaya hasta que en noviembre de 1992 fue «secuestrado» por sus mismos guardianes. No apareció más con vida y en abril de 1995 apareció su cadáver en una playa de «El Pinar», cercana a Montevideo.
Este martes en fallo dividido la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas rechazaron los recursos de casación planteados y confirmaron las penas dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago contra militares en retiro de Chile y Uruguay.
Las condenas son las siguientes:
- Arturo Silva Valdés: 15 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.
- Hernán Ramírez Rurange: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de los delitos de secuestro, 10 años y un día por asociación ilícita y absuelto de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
- Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día por autor de secuestro y 5 años y 1 día por asociación ilícita, absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
- Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.
- Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.
- Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
- Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
- Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.
- Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.
- Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
- Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
- Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
- Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro, 800 días asociación ilícita y absuelto del cargo por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
- Fernando Torres Silva: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de asociación ilícita. Sin beneficios.
El fallo también decretó las absoluciones de las siguientes personas:
- Enrique Ibarra Chamorro: absuelto por su responsabilidad como autor de asociación ilícita.
- Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
- Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
- Erika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
- Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor de obstrucción a la justicia.
En el aspecto civil se acogió el recurso de casación planteado por el Fisco y se rechazó la demanda civil presentada por los familiares de la víctima.
(Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/corte-suprema-confirmo-sentencia-contra-autores-de-crimen-de-eugenio/2015-08-11/161715.html y selección de Quorum)
Por Héctor Areyuna | Martes 4 de agosto 2015 8:44 hrs.
Luego del encuentro oficialista, los dirigentes se retiraron tranquilos, con el compromiso del Gobierno de llevar a cabo el programa, aunque sin dar mayores detalles sobre éstos. Más allá de los anuncios, cumplió con la expectativa de un montaje comunicacional que da cuenta de la ausencia de una discusión de fondo y estructural.
Luego de cinco horas que iniciaron y concluyeron con discursos de la Presidenta Michelle Bachelet, los dirigentes de todos los partidos de la Nueva Mayoría coincidieron en asegurar que la Mandataria salió fortalecida en su liderazgo y que el camino del programa sigue su rumbo.
La ansiada claridad sobre este ejercicio de priorización se dio, principalmente, en dos de las reforma. En materia laboral, por ejemplo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que el Gobierno optó por mantener el fin del reemplazo en huelga.
Sobre la Reforma Educacional, la Presidenta Bachelet confirmó que la gratuidad en la Educación Superior comenzará en 2016 para el 50 por ciento más pobre de la población y aplicará para estudiantes de planteles integrantes del CRUCH y otros que cumplan cierto nivel de acreditación.
La diputada de la Democracia Cristiana Yasna Provoste valoró que su colectividad haya logrado imponer esta idea y, asimismo, subrayó los estrictos requerimientos que se le impondrán a los privados para su acreditación.
“Requisitos importantes como por ejemplo democracia interna, que sean sin fines de lucro. Se va a rebajar del 60 al 50 por ciento la gratuidad, pero nos parece que es un avance importante, sobre todo de una propuesta que había planteado la DC una vez conocido el anuncio el pasado 21 de mayo. Fue una jornada muy positiva”, concluyó.
El Ejecutivo acelerará la llamada Agenda Corta en materia de seguridad, se reducirán las listas de espera en atención quirúrgicas y se construirán 20 hospitales y los establecimientos de atención primaria comprometidos al inicio del Gobierno.
Sin embargo, el cónclave no solo fue de anuncios, sino también se abordaron los problemas de gestión. En parte, varios sectores asumen que las diferencias internas se mantienen. Según el senador del MAS Alejandro Navarro hubo una “dolorosa constatación” de que los problemas de la Nueva Mayoría tienen un origen interno.
“Un pacto de disciplina, pero bajo el concepto de ‘más información, más participación, más disciplina’, en ese orden. Aquí la exigencia de disciplina sin participación es la que nos ha llevado al estado en que estamos, por lo tanto hay un compromiso de los ministros y de la Presidenta, de que se va a informar, va a haber participación y habrá disciplina porque habremos sido parte de la construcción de las propuestas. Hasta ahora, muchas de las propuestas que han causado problemas fueron construidas con mucha soberbia por los ministros, sin ninguna participación”, criticó.
Desde la Nueva Mayoría aseguran hacer caso omiso sobre la campaña del empresariado para detener el proceso de reformas, sin embargo está presente la inquietud frente al escenario económico.
Consultado sobre la discusión de un cambio en el paradigma de desarrollo, y de la matriz productiva del país, el senador del PS Carlos Montes reconoció que este es un debate en curso, pero que estuvo ausente en esta ocasión.
“Acá no se discutió, pero se ha discutido mucho en la comisión de Hacienda y en el trabajo con el ministro. Esta no es una crisis puramente coyuntural, tiene una base estructural fuerte, no basta con esperar que el cobre repunte y que China se mueva, y que los empresarios sientan tanta confianza que se pongan a invertir. Se requiere un plan público-privado de otra envergadura para la coyuntura que hay ahora. Esto no lo digo yo no más, lo dice hasta el Banco Mundial. Esta no es una crisis, no es un punto abajo del ciclo, sino que un problema más global y hay que asumirlo globalmente”, proyectó.
Finalmente, se mantiene la idea de abordar el cambio constitucional, en un encuentro de exclusiva dedicación al tema, aunque la Jefa de Estado adelantó que el proceso constituyente se iniciará con una etapa de educación y le seguirá otra de debate.
Según el ministro del Interior, Jorge Burgos, las líneas principales que resumen el encuentro son: diálogo, gradualidad y entendimiento público-privado.
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(Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/08/04/conclave-rebaja-a-50-gratuidad-en-educacion-superior y selección de Quorum)
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