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Por otra parte, el síndico se comprometió a entregar UF 25 mil a la familia Wiesner, dueños de los terrenos de Machalí.
En medio de fuertes medidas de seguridad y el interés de todos los medios de prensa, terminó tras algo más de cuatro horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, la formalización de los 13 imputados por el caso Caval, donde la mayor parte del interés se centró en la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
Entre los principales involucrados en la formalización, Compagnon quedó con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados, excepto su socio, Mauricio Valero, a quien se le decretó el arresto domiciliario total, arraigo domiciliario y nacional.
Iguales cautelares fueron decretadas para Juan Díaz y el síndico Herman Chadwick. Este último se comprometió a entregar UF 25 mil a la familia Wiesner, en un principio bajo la condición de se termine con el proceso penal y civil, propuesta de la defensa que finalmente no prosperó.
Para Cynthia Ross, en tanto, se decretó arresto domiciliario nocturno, firma mensual e incomunicación con el resto de los imputados.
Antecedentes
El fiscal Luis Toledo, presentó cargos contra el socio de Compagnon, Mauricio Valero, imputado por declaraciones de impuestos falsas que provocaron un daño fiscal de más de $118 millones.
El síndico de quiebras Herman Chadwick, encargado de vender los campos de la familia Wiesner a Caval, también fue formalizado por el delito de ventajas indebidas, pues habría pagado $415 millones al gestor inmobiliario Juan Díaz, mientras trabajaba en el cambio de uso de suelo de los terrenos.
Juan Díaz, cercano a la UDI y vínculado a Pablo Longueira, enfrentó cargos por soborno y como cómplice de ventajas indebidas con el síndico. Otro que comparecerá es Patricio Cordero, también ligado a la UDI y quien fue formalizado por delitos tributarios como representante legal de inversiones Lo Beltrán, firma a través de la que Caval presentó declaraciones de impuestos falsas.
Los otros imputados son Andrés Orchard Vergara, Ingeniero comercial del buffete Chadwick & Cía y se lo formalizará como cómplice de ventajas indebidas del síndico; Jorge Silva Menares, ex director de Obras de la municipalidad de Machalí fue despedido por «graves faltas a la probidad», enfrentó cargos por el delito de cohecho; Marisol Navarrete, analista de sistemas y pareja de Jorge Silva sería cómplice del delito de cohecho; Cynthia Ross Wiesner, habría participado en el intento de cambio del plan regulador mientras asesoraba al muncipio, fue imputada por el delito de cohecho; Pablo Ovalle Andrade y Daniel Huerta Cordero, abogados, ambos fueron imputados por prevaricación y encubridores del síndico; Paulina Besserer, junto a Patricio Cordero presentaron declaraciones de impuestos falsas, quien será formalizada por delitos tributarios y Mariclara González, abogada del síndico, por encubridora de ventajas indebidas de Chadwick.
Siga acá el minuto a minuto:
13:56 Se pone fin a la audiencia y se fija plazo de investigación de 1 año.
13:50 Abogados de los tres imputados aceptan las cautelares.
13:50 Defensa de Chadwick se compromete a entregar UF 25 mil a la familia Wiesner, para que se termine con el proceso penal y civil.
13:47 Querellantes aceptan la solicitud de la Fiscalía.
13:46 Fiscalía solicita para Juan Díaz, Herman Chadwick y Mauricio Valero el arresto domiciliario total, arraigo domiciliario y nacional y para Díaz la incomunicación.
13:43 Para Marisol Navarrete se decreta firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.
13:41 A Jorge Silva Menares se decreta arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y no tener contacto con el resto de los imputados.
13:38 Defensa de Ross acepta la medida.
13:37 CDE se suma a la solicitud de la Fiscalía y solicita arresto domiciliario nocturno, firma mensual e incomunicación para Cynthia Ross.
13:35 Se reanuda audiencia de formalización.
12:18 Natalia Compagnon se retira del Juzgado de Garantía de Rancagua sin realizar declaraciones.
12:14 La Fiscalía solicita para Cynthia Ross arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y prohibición de comunicación con el resto de los imputados. CDE se niega a la posibilidad y hay receso para negociar cautelares.
12:12 Para Paulina Besserer se dicta arraigo nacional.
12:07 Fiscalía solicita para Compagnon firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados, excepto su socio, Mauricio Valeroy magistrado accede ante plazo de investigación de 1 año. Nuera de Bachelet se retira de la sala.
12:04 Fiscalía solicita firma mensual y arraigo para Andrés Orchard y juez accede a medida.
12:00 Fiscalía solicita cautelar de firma mensual a Mariclara González y juez accede a medida.
11:59 El tribunal accede a medida cautelar para Ovalle y Huerta.
11:56 Fiscal Toledo solicita para Daniel Huerta y Pablo Ovalle firma mensual, a lo que accede el juez.
11:55 Magistrado Luis Barría, no acoge incidencia presentada por defensa de Chadwick.
11:47 Fiscal Toledo dice que pretención de defensa de Chadwick «no corresponde» y que solo pretende evitar la formalización.
11:44 Abogado de Herman Chadwick, Rodrigo Zegers, indica que al síndico se le imputa un delito que no había sido comunicado.
11:40 Tribunal estima pertinente alegación de la defensa a fin de determinar quiénes pueden intervenir en la formalización. Decide que intervenga solo el Ministerio Público, el SII y las defensas, en lo alusivo a delitos tributarios.
11:36 Fiscal Toledo rechaza pretensión de defensa de Chadwick, de que el CDE no se querelle por delitos tributarios.
11:33 Defensa de Valero solicita que solo el SII se querelle por delitos tributarios.
11:31 Intervinientes discuten legitimidad del Ministerio Público para investigar delitos tributarios. El Servicio de Impuestos Internos indica que es el único que esta legitimado y el Consejo de Defensa del Estado asegura que también le competen.
11:20 Se reinicia la audiencia y expone el abogado defensor de Natalia Compagnon, Felipe Polanco.
10:55 Fiscalía: $118.602.912 es el perjuicio fiscal ocasionado por Valero y Compagnon.
10:54 Magistrado pide un pequeño receso, hasta las 11.15, para que las defensas conversen los cargos con los imputados. Al regreso es el turno de intervenir para los abogados defensores.
10:53 En 2014 Juan Díaz facilitó a Chadwick una factura por más de $ 300 millones.
10:51: Fiscal Sergio Moya acusa a Cordero y Besserer facilitación de 13 boletas falsas.
10:46 Fiscalía: Compagnon y Valero habrían incluido en su contabilidad 13 facturas falsas.
10: 43 Toledo: Chadwick realizó una declaración de impuestos maliciosamente incompleta.
10: 41 Fiscal Luis Toledo dice que Mauricio Valero pagó $20.330.000 millones a Juan Díaz para pagar a funcionarios municipales.
10:40 Toledo: $157.296.854 fue el perjuicio fiscal de Herman Chadwick
10:37 Toledo: a Sociedad Caval se le imputa el cargo de soborno en carácter reiterado.
10:32 Mauricio Valero es acusado de soborno reiterado en carácter de consumado, en calidad de co autor.
10:31 Fiscal Toledo: El dinero entregado por Valero a Juan Díaz, fue de $20.323.620.
10:31 Marisol Navarrete es acusada de cohecho reiterado, consumado y en calidad de cómplice.
10:30 Silvia Amenares es acusada de cohecho reiterado, consumado y en calidad de autora directo.
10: 27 Cynthia Ross es acusada de cohecho en carácter reiterado y consumado como autora directa.
10:22 Fiscal Toledo: «Cynthia Ross recibió 15 pagos por total de $ 61,3 millones de parte de Juan Díaz entre diciembre de 2012 y febrero de 2015».
10: 18 Toledo: «Silvia Amenares ayudó a Cynthia Ross a entrar a la municipalidad para cambiar uso de suelo y elevar valor de predio».
10:11 Toledo: Mariclara González es acusada de ventajas indebidas en grado consumado y de encubridora.
10:09 Toledo: Juan Díaz es acusado de ventajas indebidas del síndico en grado reiterado, consumado y de cómplice
10:08 Fiscal: Herman Chadwick es acusado del delito de ventajas indebidas del síndico en grado consumado, reiterado y en calidad de autor.
10:07 Fiscal Toledo: Herman Chadwick jamás informó a la comisión de acreedores de la supuesta contratación de Juan Díaz.
10:02 Fiscal Toledo relata «ventajas indebidas» que obtuvieron algunos de los imputados en el negocio de la compra del terreno de Machalí.
9:54 Fiscal Toledo: Herman Chadwick le entregó a Juan Díaz un total de $ 415 millones.
9:46 El fiscal Luis Toledo, toma la palabra y explica el origen de los hechos que dieron lugar a la investigación.
9:36 Ahora es el turno de presentación de los abogados defensores.
9.33 Comienza la audiencia con la presentación de la parte querellante.
9:30 Ya están todos los imputados en la sala para afrontar su formalización
8:45 El fiscal Luis Toledo llega hasta el Juzgado de Garantía de Rancagua.
8:39 Ahora es Natalia Compagnon quien arriba hasta el tribunal.
8:31 Herman Chadwick llega al tribunal
8:20 Socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero es el primero en llegar hasta el tribunal rancagüino.
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(Fuente: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/caso-caval-compagnon-queda-con-firma-mensual-y-arraigo-y-valero/2016-01-29/083531.html y selección de Quorum)
Ultimo reporte oficial arrojó que hasta ahora son más de 110 mil los beneficiados. Estudiantes no seleccionados podrán apelar desde el próximo 9 de febrero.
El martes pasado el Mineduc entregó una nueva nómina de beneficiados para la gratuidad, la que arrojó que 80.163 jóvenes de cursos superiores estudiarán sin costo. Ellos se suman a los 26.677 alumnos que van a comenzar sus estudios gratuitamente en marzo. Así, ya son más de 110.000 los beneficiados con esta política.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda hay 20.000 alumnos que ingresan a primer año que se encuentran “pendientes” y otros 67.418 en igual condición cursando estudios superiores. En total, más de 87 mil estudiantes que aún no saben si podrán acceder a la gratuidad. Así se desprende de la minuta del Mineduc “Resultados parciales de gratuidad 2016”, a la cual tuvo acceso La Tercera.
El mismo documento, fechado el 27 de enero, aporta otro dato desconocido hasta ahora: en lo que va del proceso, un total de 52.524 estudiantes de cursos superiores fueron rechazados (ver infografía).
Dichos alumnos corresponden a estudiantes que, si bien contaban con el Formulario Unico de Acreditación Socioeconómica (Fuas), al revisar su información, el Estado se percató de que no cumplían con el requisito de estar dentro de los cinco primeros deciles. Es por esto que la mayoría de ellos ya cuenta con algún tipo de ayuda estudiantil y la mantendrán durante este año. Si llenó por primera vez el Fuas en octubre o noviembre pasado y cumple con los requisitos para una beca o crédito, también lo recibirá.
Las regiones Metropolitana con 16.403 personas y la del Biobío, con 10.504, concentran la mitad de los casos rechazados
Al respecto, Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de a U. de Chile (Fech) y vocera de la Confech, señaló que es “grave que existan alumnos pendientes” y se mostró preocupada por aquellos que fueron descartados. “Nos informaron que los rechazados pueden apelar y hay algunos alumnos en esa condición que tienen diferencias de $ 10.000 con algunos que fueron elegidos”, aseguró.
Precisamente el calendario del Mineduc señala que el 9 de febrero se abrirá el período en que estos alumnos podrán apelar a la negativa. Ese mismo día, se entregarán los resultados para los matriculados de primer año que se encontraban pendientes y que realizaron su acreditación socioeconómica antes del 22 de enero. También en esa fecha se iniciará otro proceso de postulación para alumnos nuevos y antiguos.
Análisis de cifras
El documento del Mineduc revela que el 37% de los alumnos de primer año beneficiados con la gratuidad proviene del sector municipal, mientras que un 57% del particular subvencionado y un 1,5% del particular pagado.
“Lo primero que hay que tener consideración es que la gratuidad, al ser un cambio de la política de financiamiento y no de acceso, se van reproduciendo patrones como éste, en donde hay menos beneficiados de colegios municipales, pese a que tienen un índice de vulnerabilidad más alto”, explicó Cristóbal Villalobos, investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la U. Diego Portales.
El académico enfatizó que “el beneficio por sí mismo no va a cambiar la distribución de los estudiantes ni la inclusión en la educación superior, sin un cambio al sistema de acceso, que es un punto que va a abordar la reforma”.
La minuta del Mineduc revela que entre los alumnos de cursos superiores que antes contaban con un beneficio, un 25,3% son de la Región Metropolitana y un 74,6% de otras regiones. Después de la capital, la región con más beneficiados es la del Biobío (21,4%) y Valparaíso (13,5%).
Confech critica rol de Segpres y Hacienda en las reformas
Como una “intervención excesiva” en las reformas de educación y particularmente en la gratuidad, catalogó la Confech el papel de los ministros Nicolás Eyzaguirre, de Secretaría General de la Presidencia, y Rodrigo Valdés, de Hacienda.
Marta Matamala, presidenta de la Feusach y vocera de la Confech, remarcó que“ambas carteras han tenido demasiado protagonismo en las discusión, centrándola en lo económico y no considerando las opiniones de los actores sociales”.
Ayer los dirigentes participaron en una reunión con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y pidieron que los encuentros entre ambos fueran más vinculantes en la elaboración de las reformas y solicitaron mayor protagonismo y centrar el debate en la calidad.
“Nos preocupa que el Ministerio de Hacienda y la Segpres estén teniendo tanta incidencia en la reforma y los actores sociales no tengan ninguna. La ministra nos va a informar cuál va a ser la relación de la Confech con el Mineduc y los actores sociales, a partir de marzo”, señaló Camila Rojas, presidenta de la Fech y vocera de la Confech.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/01/680-666335-9-gratuidad-2016-52524-alumnos-fueron-rechazados-y-87418-estan-pendientes.shtml y selección de Quorum)
El Estado destinará, anualmente, varios miles de millones par financiar a partidos y candidatos. A cambio, se aplicarán nuevas restricciones y exigencias, contenidas en los seis proyectos de la agenda de probidad y transparencia, que acaba de salir del Congreso.
Un poco más de un año duró la tramitación de la agenda de probidad impulsada por el gobierno.
El proceso al interior del Congreso fue particularmente complejo, porque tuvo que conjugar dos fuerzas contrapuestas: los intereses del mundo político, que estuvo mandatado a tramitar los proyectos que los normarán a ellos mismos, y las exigencias de mayor transparencia por parte de la ciudadanía, potenciadas tras un 2015 marcado por investigaciones judiciales que relacionaron el dinero y la política.
Para eso se nombró a una comisión asesora, presidida por el economista Eduardo Engel, que planteó medidas con altos estándares para los partidos, los candidatos y todos los actores involucrados en una campaña electoral, incluyendo al personal administrativo y a los mismos aportantes. Y varias de las recomendaciones sirvieron de base para los seis proyectos del gobierno en esta área. Los últimos dos de ellos fueron aprobados esta semana: la Ley de Partidos Políticos y la de Fortalecimiento de la Democracia.
Sin embargo, muchos han advertido que, en la práctica, la perspectiva academicista con que se formularon las iniciativas se traducirá en múltiples problemas al momento de implementar las nuevas reglas (ver nota secundaria).
Aún así, en abril próximo las iniciativas habrán sido promulgadas, el Estado comenzará a financiar a partidos y candidatos -destinando varios miles de millones-, y todo el sistema político deberá iniciar un proceso de transformación que tendrá, como primera prueba de fuego, las elecciones municipales de octubre.
Entre otras cosas, las colectividades estarán obligados a reinscribir a todos sus militantes en un plazo de doce meses, tendrán que realizar sus elecciones internas bajo el escrutinio del Servel y deberán publicar en sus sitios web -de manera expedita para el acceso ciudadano y actualizada como máximo trimestralmente- su información interna, incluyendo balances, cotizaciones y la declaración de patrimonio e intereses de cada uno de los integrantes de la directiva.
Respecto de las campañas, las exigencias serán aún más altas: recibir financiamiento de empresas quedará expresamente prohibido, se limitarán las donaciones de personas naturales y los montos que los propios candidatos quieran realizar a sus campañas. Faltar a estas normas será sancionado, según la gravedad, con multas, con pérdida del cargo e, incluso, con penas de cárcel. Todo esto, tanto para el candidato como para el aportante (ver recuadros).
Quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República también tendrán que cumplir ciertos requisitos, como tener elaborado un programa de gobierno al momento de inscribir su candidatura ante el Servel.
Aportes estatales
Anualmente, el Estado destinará cerca de $6.000 millones para financiar a los partidos políticos que estén legalmente constituidos. Cada colectividad recibirá, en pagos trimestrales, montos que oscilarán entre los $20 millones y los $1.200 millones aproximadamente, dependiendo del número de regiones en que estén constituidos y de la cantidad de votos que hayan conseguido en la última elección de diputados.
De manera adicional, en años electorales el Estado destinará una cifra similar para adelantos y reembolsos a los candidatos. Para elecciones municipales, se proyecta un desembolso fiscal de $4 mil millones aproximadamente, mientras para años de contiendas parlamentarias y presidenciales, la cifra estimada asciende a unos $7 mil millones. En régimen, los recursos se tramitarán por vía presupuestaria.
Penas de cárcel
El nuevo sistema establece que la vulneración de algunas normas será castigada con penas de cárcel. En este caso estarán quienes otorguen u obtengan aportes monetarios fuera de los límites de la Ley Electoral, y que excedan en un 50% el máximo permitido por ella.
Las penas para estos infractores irán desde presidio menor en su grado mínimo -es decir, desde 61 a 541 días- hasta presidio menor en su grado medio, que va desde 541 días a tres años. También se contempla a los administradores electorales, sólo en el caso que entreguen información falsa.
Quienes cometan infracciones, además, deberán pagar multas por el triple del monto objetado. Incluso, quienes sólo soliciten u ofrezcan aportes fuera de lo permitido -pese a que finalmente no se concrete la donación-, también serán castigados, aunque con una multa del doble de la infracción.
Patrimonio e intereses
La agenda de transparencia también incluye la nueva ley -ya promulgada- de probidad en la función pública, que amplía el número de personas que deben entregar declaraciones de sus intereses y patrimonio.
Los cargos incluidos serán, entre otros, el Presidente, los ministros y subsecretarios, parlamentarios, embajadores, cónsules, ministros consejeros, jueces, intendentes, gobernadores, seremis, jefes superiores de servicios e integrantes de las directivas nacionales de los partidos políticos. A esto se sumarán autoridades y funcionarios directivos; profesionales y técnicos de la administración del Estado; y rectores y miembros de las juntas directivas de las universidades del Estado, entre otros. En caso de incumplimiento, se fijan multas: desde 5 a 50 UTM ($224 mil a más de $2 millones), pudiendo llegar a la destitución en casos reiterados.
Reinscribir a los militantes
Desde que la Ley de Fortalecimiento de la Democracia sea promulgada, los partidos tendrán 12 meses para reinscribir a sus militantes, concretándose la desafiliación de quienes no sean refichados.
Y para acogerse al sistema de financiamiento público, deberán lograr reinscribir, al menos, un número de militantes que equivalga al 0,25% de la cantidad de personas que participaron en la última elección de diputados. Además, en el mismo plazo los movimientos que quieran inscribirse como partidos deberán reunir el 0,25% del electorado en tres regiones contiguas u ocho regiones discontinuas. Se fijará un piso mínimo de 500 electores. En tanto, se estableció una norma transitoria para colectividades emergentes: contar con un 3% del electorado o con al menos tres parlamentarios en un mínimo de dos regiones distintas. Esto, para no ser disueltos.
Pérdida del cargo
La segunda sanción más grave que podrá recibir una autoridad pública será la pérdida del cargo. Esta medida se aplicará a quienes sobrepasen el tope de gasto electoral en un 25% -sólo si el monto en cuestión es superior a UF 40 ($1 millón 240 mil)-; a quienes sean condenados; y a aquellos que reciban aportes de empresas. Esto último, salvo en casos muy excepcionales, lo que quedará a criterio del Servel.
Además, respecto a la cuenta de ingresos y gastos de un candidato, se establece que si se encuentra una diferencia mayor a 20% entre lo que el administrador electoral del postulante declara y el monto observado por el Servel, se aplicarán multas. Previamente, se planteó la pérdida del cargo para la autoridad electa, pero se revirtió la medida, pues se estimó que se responsabilizaría al candidato por una tarea que le corresponde a su administrador electoral.
Fin del aporte de empresas
Una de las modificaciones más emblemáticas del sistema de financiamiento de la política es la prohibición de que candidatos o partidos reciban aportes de personas jurídicas. Es decir, de ocurrir este tipo de contribuciones se aplicarán las sanciones más severas de la nueva ley: pérdida del cargo y, de acuerdo a los montos en cuestión, penas de cárcel.
No obstante, en la etapa final de la tramitación -cuando el proyecto fue revisado por la Comisión de Constitución del Senado- se estableció una excepción. Se dispuso que en casos aislados en que pudieran encontrarse aportes de personas jurídicas de menos de UF 50 (menos de $1 millón 280 mil), el Servel tendrá, bajo su criterio, la facultad de decidir no denunciar la infracción, determinando, a cambio, el pago de un multa.
Información pública
En pos de la transparencia, la nueva legislación exigirá, además de hacer públicas las declaraciones de patrimonio e intereses de distintas autoridades, que los partidos políticos pongan a disposición de la ciudadanía una serie de antecedentes: estatutos, estructura orgánica, facultades, funciones y atribuciones de cada uno de sus organismos internos, el monto total de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias, su balance anual y los pactos que integren, entre otros. Esto, a través de sus sitios web, en forma completa y actualizada.
Límites a la propaganda
Las normas amplían el concepto de propaganda. Actualmente, se entiende bajo esa denominación las imágenes o mensajes en que se llame a votar por un candidato, pero desde ahora se incluirá no sólo el hecho de inducir el voto, sino que también la promoción de personas o partidos con fines electorales. En todo caso, se precisa en la nueva ley que no está comprendida la difusión de ideas, actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo ni aquellas propias de los partidos.
Respecto de la propaganda impresa, se prohíben las gigantografías de más de dos metros cuadrados en espacios públicos, y se establece un tamaño máximo de seis metros cuadrados en espacios privados. Todo esto estará más restringido, impidiéndose la publicidad electoral en espacios públicos, salvo excepciones reguladas y autorizadas por el Servel.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/01/674-666173-9-las-nuevas-reglas-del-juego-para-la-politica.shtml y selección de Quorum)
La Cámara de Diputados aprobó la medida en una semana marcada por la presión para despachar el proyecto antes del 31 de enero. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, y los parlamentarios valoraron el consenso que logró la iniciativa.
El comentario brotó de manera instintiva. “Jaime, una foto abrazándose con la ministra”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Habían pasado minutos desde que se aprobara el proyecto de ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Frente a las cámaras y los periodistas, la ministra de Educación Adriana Delpiano y Gajardo se abrazaron y sonrieron con quienes festejaban a su alrededor, dando por cerrado 10 meses de tramitación y un paro docente por 57 días.
La secretaria de Estado calificó de histórica la jornada, luego que la Cámara de Diputados en poco más de dos horas y media aprobara en tercer trámite el proyecto, dejándolo listo para su promulgación durante el primer semestre.
El gobierno cumplió con la meta de despachar la iniciativa antes de fin de mes, en base a un acuerdo en la Nueva Mayoría para evitar extender la tramitación a una comisión mixta. El gran escollo en este sentido era la indicación del senador Ignacio Walker, que permitía que instituciones con fines de lucro pudieran perfeccionar y capacitar a profesores, medida que la sala del Senado rechazó la noche del miércoles. De esta manera se restituyó el acuerdo aprobado por los diputados y que respetaba lo establecido en la mesa de trabajo con el Mineduc y los profesores.
Un esfuerzo que finalmente logró, además, un respaldo transversal, algo que Delpiano valoró. “Se logra una carrera docente de buena calidad y de estándares internacionales en términos de requisitos”, dijo.
A pesar de ser un proyecto que encontró consenso en el parlamento, la medida, que fue presentada a mediados de abril, partió recibiendo muchas críticas. El Colegio de Profesores convocó a un paro en rechazo a la propuesta que se extendió por 57 días. Una de los principales reparos que realizaba el magisterio apuntaba a los bajos sueldos que se contemplaban para los primeros tramos de la carrera docente. Ante esto, el Ejecutivo decidió aumentar los salarios para los primeros niveles de ejercicio docente. Un punto que se grafica en que un profesor que inicia su carrera profesional y que hoy parte con un sueldo de $ 500 mil promedio, con la nueva ley lo hará con $ 800 mil por 37 horas de trabajo a la semana.
Otra batalla que se libró hasta el final fue la asignación por vulnerabilidad, la que logró subir de $ 42 mil a $ 102 mil.
Para poder llegar a un acuerdo, el gobierno realizó una mesa tripartita entre la Cámara, el Mineduc y el Colegio de Profesores, en donde se tomaron varios acuerdos que finalmente se vieron reflejados en el proyecto despachado.
El diputado Jaime Bellolio (UDI) también reconoció el trabajo conjunto que se realizó en el proyecto, que sirvió para “mejorar las condiciones de los docentes y es el primer proyecto que realmente tiene algo que ver con la calidad”.
Para el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, “el proyecto es un avance significativo, aunque no es todo lo que deseaba. Es una plataforma para seguir luchando por más mejoras en el futuro”.
Por otro lado, la diputada Cristina Girardi (PPD) valoró la nueva asignación por vulnerabilidad y la mayor exigencia para las universidades.
Desde Fundación Educación 2020, indicaron que, en términos generales, es un buen proyecto, ya que “abarca todas las dimensiones necesarias para mejorar el trabajo de un profesor, desde la formación inicial hasta la generación de la carrera docente con los tramos”, indicó Loreto Jara, profesora e investigadora del área de política educativa de la organización.
Materias pendientes
A pesar del consenso que hubo al momento de aprobar la ley, aún quedan puntos que, según expertos y parlamentarios, se podrían haber mejorado.
Para Jara, uno de los principales problemas tiene que ver con los tiempos de implementación. Según la experta, la puesta en marcha de las horas no lectivas, que partirá en 2019, es un poco tarde.
En ese sentido, Joaquín Walker, subdirector de Elige Educar, remarca que la nueva política docente mejorará la calidad del sistema educativo. Sin embargo, considera que hay aspectos que se podrían haber hecho mejor, como por ejemplo, el ingreso de las educadoras de párvulo a la carrera. Según él, quienes ejercen en salas cunas de la Junji, Integra y VTF, ingresan demasiado tarde a la carrera docente.“Representan el 30 % del total de la educación de párvulo, tienen un trabajo fundamental en la educación de los niños y hubiésemos preferido que ingresaran antes”.
Para Bellolio, además de la entrada tardía de las educadoras de párvulo, también se está haciendo una discriminación a los profesores de los colegios particulares subvencionados. Este punto fue reiteradamente criticado por la oposición durante las discusiones en las comisiones y en las salas. Incluso, el senador Andrés Allamand presentó un recurso de constitucionalidad, argumentando que el ingreso tardío de estos profesores era una discriminación.
A pesar de esto, Bellolio sostuvo que es difícil configurar la arbitrariedad de la medida. “Lo más probable es que no sea esa la determinación. Hay un tránsito claro de cuando entran los subvencionados, en el caso de la glosa, con las universidades, no existían”.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/01/680-666177-9-proyecto-de-carrera-docente-queda-listo-para-su-promulgacion.shtml y selección de Quorum)
Ayer fue el tercer día de postulaciones -abiertas hasta el 12 de febrero- para llenar 216 cupos.
“Vamos bien”, comentaba el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, el lunes ante los integrantes del Consejo de Observadores del proceso de constituyente. El secretario de Estado se reunía por primera vez con los miembros de esa instancia, para analizar la campaña comunicacional de La Moneda en torno a los cabildos programados para fines de marzo.
Según los presentes, Díaz afirmó que las gestiones del Ejecutivo para fomentar la participación ciudadana en los diálogos, estaba teniendo buenos resultados. Sus dichos fueron retrucados por varios observadores, quienes le hicieron ver que, según sus propios sondeos, la campaña que buscaba explicar conceptos básicos de una Constitución no había llegado con fuerza a la población.
Sin embargo, en sus argumentos el ministro mencionó que cerca de dos mil personas ya habían postulado al concurso del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para convertirse en monitor o facilitador de los cabildos. Esto, a pesar de que la convocatoria recién fue publicada el domingo y que tan solo hay 216 cupos disponibles.
A 24 horas del balance entregado por Díaz, la cifra de postulantes continuó creciendo. Según informó el Servicio Civil (organismo encargado de administrar el sistema ADP), a las 17 horas de ayer se contabilizaban 2.330 candidatos inscritos en el portal de empleos públicos del gobierno, los que habían efectuado un total de 5.368 postulaciones a los tres tipos de monitores que considera el programa.
Según los estatutos, el concurso público -cuyas postulaciones se cierran el 12 de febrero- convoca para asumir labores profesionales durante cinco meses en la función de coordinador territorial y facilitador líder de los diálogos ciudadanos, con una renta bruta de $3,8 millones por todo el período (unos $ 760 mil brutos mensuales). Este cargo ha recibido el mayor número de postulaciones: 2.626.
En segundo lugar se registran las 1.831 postulaciones al cargo de “especialista en sistematización del diálogo” y finalmente las 911 para asumir como “especialista legal” del proceso. Estas dos últimas funciones serán retribuidas con un honorario bruto de $ 3,3 millones (unos $ 660 mil mensuales).
Según el Servicio Civil, la Región Metropolitana es donde se ha concentrado hasta el momento el mayor número de postulaciones (1.208), seguido de Valparaíso (671) , la Región del BioBío (524) y O’Higgins (404). Las regiones de Atacama y Antofagasta, en tanto, registran el menor número de candidaturas: 115 la primera y 144 la segunda.
Dudas de los observadores
A raíz de la alta convocatoria que ha tenido el concurso del gobierno, en las últimas horas algunos de los miembros del consejo de observadores han comentado que los números pueden estar abultados por la posible postulación de dirigentes de partidos políticos, los que, sin embargo, no podrán ejercer como monitores.
El domingo, a horas de la publicación del concurso, algunos de los observadores reclamaron, a través de un correo electrónico al presidente del consejo de ADP, Rodrigo Egaña, por no haber incluido entre los requisitos una de las observaciones del grupo, la que precisamente prohibía postular a dirigentes de partidos para evitar el riesgo de proselitismo en vísperas de la campaña por las elecciones municipales de octubre.
Según se había acordado, sólo se permitiría postular a personas sin militancia y a aquellos que, militando en un partido, no ejercen cargos en ellos.
Con todo, según los observadores, el propio Egaña admitió el error y les aseguró que este sería corregido a la brevedad.
“Hay algunos consejeros que revisaron los requisitos y notaron que no estaban todas las definiciones. Rodrigo Egaña nos explicó que no había una intención de modificar las condiciones y que en la página oficial estarían prontamente disponibles todos los requisitos”, afirmó el presidente del Consejo de Observadores, Patricio Zapata.
Anoche, de hecho, se actualizó el llamado a concurso con esa restricción.
La convocatoria también incluye la prohibición de postular a parlamentarios, funcionarios de gobierno, alcaldes, concejales y consejeros regionales.
De todas maneras, los observadores notaron que tampoco se mencionaba en el concurso que la selección de profesionales se realizará intentando llevar a cabo la paridad de género.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/01/674-665904-9-2330-postulantes-suma-llamado-a-concurso-para-monitores-de-cabildos.shtml y selección de Quorum)
Códigos de buenas prácticas vinculantes, revisión del sistema de incentivos y bonos, y estrictos programas de cumplimiento son las medidas que han estado tomando las empresas para prevenir ilícitos.
“Esto no daña el modelo económico ni cuestiona su legitimidad. La realidad del funcionamiento de los mercados muestra que siempre van a aparecer situaciones en que alguien intente bloquear la competencia y obtener beneficios de ello, es algo inherente al sistema y existe en todas partes del mundo. Me preocuparía que este tipo de casos no fuera descubierto por la institucionalidad. Lo que sí deben procurar las empresas es establecer rigurosos mecanismos para prevenir este tipo de conductas. Lo han estado haciendo, existe esa preocupación y están enfrentando el desafío”.
La reflexión de Francisco Rosende, ex decano de Economía de la Universidad Católica y actual académico de esa casa de estudios, sobre la reciente denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por colusión en contra de los tres mayores operadores supermercadistas -Cencosud, Walmart y SMU-, recoge la preocupación que desde hace un tiempo ha venido escalando en el mundo privado en orden a tomar resguardos al interior de las organizaciones, que permitan al menos acotar o mitigar los riesgos de que ejecutivos de las compañías se coordinen con la competencia.
“Hoy, la prevención es la clave. Producto de ello, directores y ejecutivos han fortalecido los controles y programas de prevención de sus compañías para evitar que conductas anticompetitivas ocurran”, afirma Rodrigo Albagli, socio de Albagli Zaliasnik.
Coincide Luis José Garreaud, socio de Egon Zehnder y director de empresas. “Los directorios de las empresas están mucho más preocupados de entender hoy día las prácticas comerciales de las compañías”, plantea.
Las empresas empezaron a tomar nota de manera paulatina a partir de 2008, cuando estalló el caso de las farmacias, asegura Albagli, luego, añade, con la publicación de la guía de la FNE “Programas de cumplimiento de la normativa de Libre Competencia” en 2012, y con mucha mayor fuerza desde la detección de los diversos casos de colusión conocidos más recientemente, como el de los pollos, el papel tissue y los supermercados. “Las compañías nacionales han dimensionado la importancia de contar con controles y medidas de fiscalización y resguardo ante desviaciones a las conductas que son empresarialmente deseables. El establecimiento de programas de prevención de conductas anticompetitivas hoy, más que una preocupación, ha devenido en una necesidad”, sostiene Albagli.
Una opinión similar tiene el asesor, director de empresas y consejero del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, Luis Hernán Paúl. “Efectivamente, en las empresas actualmente se verifica una mayor preocupación por temas de libre competencia, a raíz de los casos de colusión conocidos y que han tenido gran connotación”, dice. Pero, agrega, “la preocupación de los directores no sólo es hacia atrás, preguntando y pidiendo antecedentes que uno como director puede desconocer, sino que sobre todo, es una inquietud mirando hacia adelante, para implementar mecanismos que puedan prevenir ese tipo de conductas”.
Para asegurar el cumplimiento de las reglas, hoy las empresas “muchas veces contratan a un abogado o un economista para que les hagan un análisis de sus procedimientos y ver si hay alguna debilidad o alguna práctica que podría cuestionarse”, acota Andrea Butelmann, ex ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El rol del compliance
Las empresas, dependiendo del peso que al interior ostentan los respectivos ejecutivos, han afrontado estos temas desde áreas distintas: gerencias legales, gerencias de auditoría y control, comités de directores, entre otros. “La figura que se está imponiendo es la gerencia de compliance, que actúa con importantes grados de autonomía y acceso a la alta administración, y que tiene un perfil distinto a las áreas legales y de auditoría”, explica Iván Millán, abogado encargado del área de compliance del estudio jurídico Balmaceda y Cox. La demanda por este tipo de profesional altamente especializado, agrega Millán, ha elevado en un 30% las expectativas de renta para quienes se cambian de empleo, y su posición ha comenzado a considerarse de alto nivel en las empresas.
Los programas de cumplimiento o compliance son normas que se autoimpone la misma empresa para desarrollar ‘negocios limpios’ en diversas materias, explica Rodrigo Reyes, director jurídico de Prelafit Compliance, consultora en prevención de delitos.
Javier Velozo, socio de Aninat Schwencke & Cía., señala que cada vez son más las empresas que quieren ponerse al día en el tema y requieren asesoría en el diseño de este tipo de programas. Ellos hacen dos a tres al semestre, “lo que es bastante”, reconoce. El trabajo, explica, consiste en identificar los riesgos a los que se exponen las empresas en particular, dada su posición en el mercado, las características y la dinámica de competencia, y la estructura del mercado en que participa. Después, agrega, se define un programa de entrenamiento que abarca desde los directivos más altos hasta la fuerza de venta, y se diseña e implementa un sistema de monitoreo.
Las ventajas de invertir en estos programas son varias. No sólo previenen la comisión de conductas prohibidas, a través de controles y la generación de una cultura corporativa, sino que permiten, además, controlar los daños a que se expone la empresa cuando enfrenta contingencias, a través de mecanismos como la delación compensada y la colaboración con la autoridad, destaca Millán.
Pedro Pellegrini, director de empresas y socio a cargo del área de libre competencia de Guerrero Olivos, comenta que desde 2012 ha existido un interés creciente de las empresas locales por establecer procesos internos en las áreas de compra y/o de ventas, que permitan capacitar y guiar a los ejecutivos que se relacionan en el ámbito comercial. Paralelamente, dice, “en el último par de años, dentro de sus planes de compliance, los directorios o las gerencias generales han buscado adoptar normas, manuales y/o códigos internos de conducta que promuevan las buenas prácticas en este ámbito”.
A juicio de Reyes, hoy lo más importante para una organización “es tener un sujeto empoderado, ojalá de alto nivel, con diálogo permanente con el directorio de la empresa. Incluso, algunas firmas tienen compliance officer externos, que puede ser una buena alternativa”. Lo importante, añade, es que desarrolle una función dedicada y profesional, que se preocupe del entorno, de la capacitación de los ejecutivos y empleados con riesgos y de medir constantemente el modelo de cumplimiento. “Hoy, es frecuente encontrar en algunas empresas el cargo de chief compliance officer”, indica.
Las compañías están centrando sus esfuerzos en establecer una cultura de integridad corporativa, que incorpora varios elementos: el nombramiento de un encargado empoderado y con recursos (compliance officer), una matriz de riesgos diseñada especialmente para esa empresa, un canal de denuncias que permita delaciones sin represalias, políticas, procedimientos y controles, además de una adecuada actualización y auditoría del modelo que permitan mitigar (nunca eliminar) los riesgos, enumera Reyes.
Además de aprobar códigos de buenas prácticas que son vinculantes para todos los miembros de la organización, las firmas también han comenzado a revisar el sistema de incentivos y bonos asociados al incremento en las ventas y utilidades de la organización, “por el incentivo perverso que ello representa para quienes resultan favorecidos, sobre todo si tienen una débil formación ética”, afirma Francisco Pfeffer, socio de Pfeffer & Asociados.
Lo que hoy se recomienda a las empresas, complementa Paúl, es implementar un programa de compliance 2.0, que incorpore altos estándares en el cumplimiento de normas y regulaciones no sólo relativas a materias de libre competencia, sino que también a temas ambientales y laborales, entre otros, y que el directorio requiere verificar que se estén cumpliendo.
“Cuando se empiezan a producir problemas, se hace recurrente la necesidad de contar con este tipo de mecanismos. Hay multinacionales que estos temas los están abordando hace años, cuando comenzaron a tener problemas similares. Las empresas chilenas se están sumando a esta tendencia, que ha ido tomando fuerza en el último tiempo”, comenta Paúl.
Charlas periódicas
Otro matiz tiene la mirada de Jorge Carey, director de empresas y socio de Carey y Cía. Plantea que si bien la experiencia internacional demuestra que los programas de compliance son efectivos, lo mejor “es subir el nivel de conciencia al interior de las empresas sobre los riesgos involucrados y, sobre todo, la existencia de sanciones penales y sociales relevantes”. Hoy, dice, al interior de las compañías han adquirido gran relevancia las fiscalías de las empresas.
Menciona que tras estallar los casos de colusión, “los directorios están exigiendo charlas periódicas hechas por abogados especialistas, para aumentar la conciencia al interior de la empresa de los riesgos involucrados en conductas ilegales en esta materia”. Esa preocupación, indica, ha ido en aumento y, “después del caso de CMPC, donde quedó en evidencia que las conductas delictivas pueden llegar a altos ejecutivos sin el conocimiento del directorio, el tema se ha transformado en uno de carácter prioritario”.
A nivel administrativo, subraya Carey, las firmas también están tomando medidas para evitar que ejecutivos se coordinen con empresas de la competencia. Menciona, por ejemplo, “las auditorías internas destinadas a pesquisar intercambios de correos con los competidores y la adopción de guías internas para regular cualquier contacto con competidores”. Dichas auditorías abarcan desde el debido cumplimiento de las normas del reglamento interno de las sociedades, hasta las leyes laborales y la ley de protección de datos, detalla Carey.
Los casos de colusión también están empujando otro tipo de cambios en las organizaciones. Redefinir el perfil de los gerentes comerciales es uno de ellos. “Hoy, las empresas están viendo que el responsable final de la ventas anuales debe estar consciente de que sus prácticas pueden comprometer a la firma. Las compañías están revisando sus manuales de manejo comercial o creándolos”, dice un director.
En todo caso, precisa Moisés Crisóstomo, socio Advisory de la auditora BDO Chile, “este es un tema que recién se está viendo y revisando ciertos protocolos en las compañías locales, a diferencia de las globales, donde hay procedimientos de control que vienen dirigidos y establecidos desde su casa matriz en el exterior”.
Vicente Domínguez, director de empresas, pone énfasis en otro punto: “No en todos los rubros hay riesgo de colusión. El sector inmobiliario, por ejemplo, es tan atomizado, que coordinarse con la competencia es una cosa lejana. Lo mismo que las industrias reguladas”, dice. Pese a esto, señala, en todas las compañías los directores analizan los riesgos y han ido avanzando en generar comités de auditoría y reforzar los gobierno corporativos.
Difiere el director de empresas Herman Chadwick. “Ha habido cambios de parte de las compañías en relación a preocuparse más, pero siempre las empresas han sabido cómo trabajar en los mercados en los cuales se desempeñan y saben la importancia que tiene que en el mercado exista la libre competencia”.
Experiencia internacional
La experiencia internacional también ha sido tomada en cuenta por firmas locales para adaptar sus modelos de prevención de riesgos y conductas anticompetitivas. Por ejemplo, en Chile se ha comenzado a aplicar que “un grupo externo de especialistas haga un due diligence preventivo de la situación en que se encuentra una empresa, en especial aquellas con poder de mercado”, cuenta Pellegrini. De esa manera, cuenta, se revisan las comunicaciones internas y de correos, el perfil de los ejecutivos que pueden ser los más riesgosos y se establecen las sanciones internas por no cumplir estas prácticas.
Según Arturo Platt, socio director de gobiernos corporativos de Deloitte, no hay mecanismo infalible. “La colusión la cometen ejecutivos, no las empresas, aun cuando las empresas pueden tener sendos códigos de ética y normas anticolusión, basta que un ejecutivo o grupo de ejecutivos con el poder suficiente pueda coludirse para asegurarse precios mayores, cuotas de mercado y barreras de entrada en perjuicio de los consumidores”.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/01/655-663514-9-las-empresas-toman-resguardos-para-enfrentar-posibles-casos-de-colusion.shtml y selección de Quorum)
No sólo la entrega de polémicos préstamos a diputados -sin intereses ni reajustes- integra la nómina de observaciones realizada por la consultora Ossandón & Ossandón al ejercicio contable de la Cámara Baja realizado entre diciembre de 2013 y junio de 2015.
La auditoría también repone en el debate la existencia del denominado fondo solidario -reeditado hace 10 años-, de carácter transversal y en el que participa la gran mayoría de los diputados, a quienes se hacen descuentos mensuales de su dieta con el objetivo de entregar una suerte de indemnización a quienes pierdan la reelección u opten por el retiro de la Cámara de Diputados.
Entre las 34 observaciones, divididas en temas financieros y administrativos, la consultora advierte sobre la existencia de una cuenta bancaria de la corporación en la que se iban reteniendo descuentos de las dietas de los parlamentarios, cuyo fondo -a fines de 2014- fue traspasado a una cuenta independiente del Banco Santander.
En específico, se cuestiona que esos dineros debieron registrarse en la contabilidad de la Cámara como un pasivo -una deuda que se tenía con los parlamentarios- y no como recursos ya cancelados.
“Nosotros retenemos las platas de los parlamentarios y luego las traspasamos. Se trata de un fondo absolutamente privado, creado por ellos, que paga todos sus impuestos. Lo que se hace es que con una instrucción voluntaria de cada uno de ellos, nosotros lo descontamos, lo pasamos a una cuenta y lo dejamos fuera del presupuesto de la Cámara”, explicó el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, quien desestima cualquier irregularidad sobre estos recursos.
A la observación sobre la administración del fondo solidario se sumaron los préstamos por casi $ 150 millones a parlamentarios como “adelantos” de su dieta -Jaime Pilowsky (DC), Claudio Arriagada (DC), Marisol Turres (UDI), Cristián Campos (PPD), Jenny Alvarez (PS) y Diego Paulsen (RN)- y el no registro de obligaciones y servicios ejecutados en el período 2014, pero registrados en el período 2015, por un total de $ 1.700 millones.
La auditoría -que revela “debilidades significativas en el sistema de control interno” de la Cámara de Diputados- fue encargada a fines de 2014 por el entonces presidente de la corporación Aldo Cornejo, en estricta reserva, junto al propio Landeros.
La idea era hacer frente al escándalo desatado luego que trascendiera la existencia de una cafetería exclusiva para los parlamentarios con un costo de $ 772.032.939 justo en momentos en que se había anunciado una política de austeridad financiera de la Cámara Baja.
“Por primera vez una asesoría externa confiable pone de manifiesto la manera sobre cómo se están administrando recursos que son públicos. En segundo lugar, es una foto sin que la Cámara estuviera preparada para una auditoría de esta naturaleza. Quedan al descubierto las dificultades de la Cámara y cómo corregirlas”, señaló Cornejo a Reportajes.
Pese a que el informe de la consultora Ossandón & Ossandón fue enviado el 11 de agosto del año pasado a la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara, presidida por el diputado DC José Miguel Ortiz, la instancia no había sido convocada desde el 29 de julio del año pasado, fecha en la que se registra su última sesión, por lo que no se conocía su contenido.
Apenas trascendieron -sin embargo- algunas observaciones, en particular la discrecionalidad en los préstamos a los parlamentarios, la comisión que preside Ortiz se reunió el miércoles 6 y jueves 7 para analizar el tema. La conclusión: en los próximos días se emitirá un informe oficial.
El fondo solidario
Según pudo constatar Reportajes, actualmente el denominado fondo solidario -la apodada “AFP de los parlamentarios”- es una iniciativa en la que participan 115 de los 120 diputados, que funciona ininterrumpidamente desde hace 10 años y que es administrada por tres de los legisladores: Enrique Jaramillo (PPD), Jorge Ulloa (UDI) y José Miguel Ortiz (DC), quienes fueron escogidos por sus pares para realizar esta labor.
La fórmula es simple y se comunica a cada nuevo parlamentario que comienza sus funciones para ser incorporado al mecanismo: mes a mes, la Tesorería de la Cámara de Diputados descuenta por planilla a cada uno de los legisladores $ 350 mil de su remuneración de $ 6 millones 580 mil.
Aunque en un inicio, en 2005, el monto de cada cuota era de $ 300 mil pesos, con el tiempo el aporte fue en aumento.
Varios diputados consultados explicaron que el dinero recolectado va directo a un depósito a plazo, que es gestionado por una administradora vinculada al Banco Santander.
El fondo fue concebido como una suerte de respaldo financiero para todos aquellos parlamentarios que pierden la reelección -ante la eventualidad de cancelar deudas de campaña- o deciden abandonar la labor legislativa -para tener cierto respaldo financiero mientras se reinsertan en sus nuevas labores.
El retiro de los fondos, sin embargo, cumple un ritual que fue definido por sus integrantes: quienes lograron “cotizar” durante un período parlamentario (cuatro años) reciben alrededor de $ 15 millones, quienes llegaron a dos, unos $ 24 millones, y los que alcanzaron tres -el tope máximo-, cerca de $45 millones.
Una de las características más llamativas del mecanismo no sólo es la reserva con la que se maneja, sino que también el carácter transversal de sus integrantes y de su administración. De hecho, todas las bancadas tienen un representante: a Ulloa (UDI), Ortiz (DC) y Jaramillo (PPD) se suman Germán Becker (RN), Lautaro Carmona (PC) y Marco Espinosa (PR). Y aunque existe un balance periódico que entrega la entidad bancaria que administra el fondo, está acordado que éste no trascienda a terceros.
Varios diputados contactados para este artículo aseguraron no tener ningún balance impreso de los recursos.
“Hay un balance que tiene la empresa, pero nosotros tenemos acordado que esto no trascienda a terceros”, explica Jaramillo, dejando al descubierto el celo con el cual los parlamentarios administran estos recursos.
La idea del fondo solidario, en todo caso, no es nueva. Durante la administración del DC Gutenberg Martínez -que presidió la corporación entre 1996 y 1999- se constituyó una mutual de los diputados, organización sin fines de lucro, con personalidad jurídica y que tenía un representante legal: el ex diputado de Renovación Nacional Maximiano Errázuriz. Con el tiempo, la mutual fue perdiendo vigor, y con la salida de Errázuriz de la Cámara por el delito de fraude al Fisco, la entidad quedó en nada. Eso sí, según fuentes del Congreso, en el papel esa orgánica sigue viva, pero sin actividades y con un puñado de miembros que recién por estos días se enteraron de su existencia.
En la UDI también tenían un fondo similar, y de ahí que el diputado Ulloa calificó para ser el principal administrador de los recursos de sus pares.
Ambas iniciativas terminaron fusionándose para la creación del fondo único.
La administración de los recursos, en todo caso, no ha estado exenta de polémicas. Una de las más duras se registró en el inicio del período parlamentario 2014-2018 y obligó a la modificación en la liberación de los recursos.
Según señalan fuentes parlamentarias, los diputados que ganaron un escaño en el Senado en la última elección reclamaron un porcentaje del dinero aportado, a pesar de que, según el estatuto que regula internamente estos recursos, no les correspondía. La disputa fue subiendo de tono, e incluso algunos parlamentarios amenazaron con llevar el reclamo a otras instancias externas.
Finalmente, y para evitar un desencuentro público que dejara al descubierto la existencia del Fondo Solidario, los senadores debutantes recibieron el 50% de lo que aportaron durante su estadía en la Cámara de Diputados.
En la corporación, en todo caso, señalaron que la auditoría no estableció reparos sobre el carácter y la existencia de este fondo -a diferencia de lo sucedido en el caso de los préstamos-, sino más bien sobre el hecho de que la Cámara se involucre en su administración. Así justifican el que hoy siga funcionando como una iniciativa “netamente privada”, aunque los descuentos operen de todas formas por planilla.
Otros reparos
La discrecionalidad en la entrega por adelantado de las remuneraciones de los parlamentarios es de larga data.
Según explicó Landeros a Reportajes, hay que diferenciar entre tres modalidades: adelantos, anticipos y préstamos.
Un adelanto se produce cuando se entrega el sueldo al parlamentario en una fecha anterior a la que está estipulada en un mes. Esta es una práctica -se reconoce- habitual en la Cámara y sólo es necesario que el diputado la solicite.
Un caso distinto es el del anticipo, en el que se adelanta parte de la remuneración o ésta completa en un mes distinto al que corresponde. Esta habría sido -según la corporación- la figura utilizada por los cinco parlamentarios mencionados en la auditoría de Ossandón & Ossandón, ya que por préstamo las autoridades de la Cámara entienden que se tendrían que entregar recursos no provenientes de los sueldos parlamentarios, situación que no fue la advertida en el informe.
En la Cámara de Diputados existe un ejecutivo por cada 30 parlamentarios. Este funcionario es el encargado de analizar los respectivos estados financieros y evaluar las peticiones de adelantos. En el caso de los anticipos, quien resuelve la situación es el director de Finanzas, en coordinación con el secretario de la corporación.
Así y todo, tanto Landeros como el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, señalaron que la práctica de los adelantos había sido finalizada en enero de 2015 y que los diputados que habían solicitado el beneficio cancelaron sus cuotas totalmente.
Un tercer elemento que forma parte de las objeciones de la auditoría es el desfase encontrado entre los presupuestos de la corporación entre 2014 y 2015, que alcanzaría los $ 1.700 millones.
Según detectó la consultora, una práctica habitual en la administración de los recursos es el pago diferido de gastos realizados en 2014, pero que fueron cancelados con recursos del presupuesto del año siguiente.
Una de las razones por las que se produjo este desacople -que inicialmente encendió alarmas, porque se creía que existía un millonario déficit de recursos- se explicaría, según las actuales autoridades de la corporación, por la construcción de la polémica cafetería VIP que originó la auditoría.
“Lo que pasó es que durante 2014 se realizaron obras que se financiaron con los presupuestos de ese año y del 2015”, explica Landeros.
Con todo, un grupo de parlamentarios pedirá mañana que se libere la información de la auditoría, e incluso, varios diputados ya preparan proyectos para subsanar las objeciones detectadas por Ossandón & Ossandón.
Una de esas iniciativas será que, en el corto plazo, todos los presupuestos que se manejan en el Parlamento sean auditados anualmente íntegramente por la Contraloría.
Con Información de la tercera
(Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/7675805/CHILE-El-fondo-solidario-de-los-diputados-y-los-otros-flancos-de-la-auditoria y selección de Quorum)
A comienzos de semana envió una carta a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Además de la Mandataria, Luksic informó de su decisión a 21 consejeros, y a la Cancillería chilena. Así puso punto final a su participación de cerca de 15 años en el Consejo, siendo uno de los tres representantes más antiguos en la entidad compuesta por 63 miembros de distintos países.
En su misiva, el empresario agradeció a Bachelet y a los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera “por la confianza que depositaron en mí al otorgarme esta responsabilidad y renovarla por sucesivos períodos desde el año 2000”.
El agradecimiento lo hizo extensivo también a quienes han liderado el Comité de Relaciones Exteriores y la Dirección Económica (Direcon) durante casi 15 años.
Asimismo, destacó el trabajo realizado por quienes conforman y han conformado el Consejo Asesor, “especialmente a Rafael Guilisasti y a la colaboración permanente de Francisco Garcés, miembro alterno del ABAC”.
Inquietud por Hacienda
Junto con destacar los logros alcanzados, Luksic también deslizó críticas a la escasa preponderancia que se ha asignado al bloque. Como la participación de Chile en la APEC fue una decisión adoptada como política de Estado, dice Luksic en su misiva, “convendría tal vez hacer un esfuerzo adicional para subsanar la ausencia, en los últimos seis años, de los ministros de Hacienda en las reuniones de Ministros de Finanzas con ABAC”.
En la carta, Luksic también destacó que el proceso de integración económica y financiera de Asia Pacífico “está progresando sólidamente”. Esto, dijo, unido a la realidad inminente del Transpacific Partnership (TTP, por su sigla en inglés), y el avance de otros bloques de negociación regionales, como el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) y la Alianza del Pacífico, están proyectando una nueva etapa para la Cuenca del Pacífico. Se espera que el próximo 4 de febrero el TPP sea firmado por los 12 países miembros en Nueva Zelandia.
El empresario, presidente del holding Quiñenco, (**)destacó que en el período que participó del ABAC fue testigo del “extraordinario desarrollo económico y social de la región”. Así, con cifras, detalló los avances que desmuestran “el acierto de haber optado por una fuerte presencia nuestra, público y privada, en Asia Pacífico”. (**) = Los Holding son consideradas en general una forma de integración empresarial, pero que también pueden surgir cuando un grupo de capitalistas va adquiriendo propiedades y firmas diversas, buscando la rentabilidad de cada una y no la integración de sus actividades. Las leyes antimonopolio pueden restringir esta práctica.
Luksic señaló que en el período la dimensión económica de la región alcanzó los US$ 58 billones (ppp) (***), reflejando un aumento en ese lapso de 135%; el PIB per cápita se duplicó holgadamente, el comercio de dicha zona creció casi un 200%, “y lo que es muy importante, el comercio de Chile con las economía de Asia Pacífico pasó de US$ 19.600 millones a US$ 88.800 millones, es decir, se elevó en un 352% del 2003 al 2014”, añadió. (***) = participación público privada)
En base a lo anterior, Luksic, destacó que “resulta evidente que Chile requerirá de otros equipos humanos capaces de dinamizar nuestra participación y otorgarle un impulso a la nueva era que viene -más compleja y profunda- de integración económica, financiera y comercial, donde la innovación, el emprendimiento, la tecnología, la infraestructura regional y otros temas de gran relevancia emergen con fuerza”.
Ahora el gobierno deberá designar al reemplazante de Andrónico Luksic, quien acompañará en su tarea a los otros representantes: Rafael Guilisasti y Oscar Landarretche, y a los miembros alternos, Francisco Garcés, Juan Eduardo Errázuriz y Thomas Keller.
Tras abandonar este cargo, Luksic podrá dedicarse más a la dirección de los negocios familiares, en los que asumió un protagonismo mayor tras la muerte de su hermano Guillermo, en 2013. En 2015, Andrónico Luksic atravesó momentos complejos por su vinculación al caso Caval, debido a un préstamo que el banco de Chile, controlado por el grupo, concedió a la empresa de Natalia Compagnon.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/01/655-663351-9-andronico-luksic-renuncia-tras-casi-15-anos-al-consejo-asesor-de-negocios-de.shtml y selección de Quorum)
Queridos compatriotas:
A esta hora ustedes están reunidos con sus familiares y amigos para despedir el año que se va, y celebrar con esperanza el que llega. Es también la hora de los balances personales y de lo que hemos vivido como país. Y el momento en que definimos nuestros deseos para el año que se asoma.
El 2015 no ha sido fácil, lo sabemos. Pero a pesar de las dificultades y las pruebas que hemos atravesado, logramos hacer cambios que mejorarán la vida de millones de chilenas y chilenos.
Pienso en las familias que dejarán atrás el copago y las selecciones discriminatorias en los colegios y liceos.
Pienso en los jóvenes estudiantes que iniciarán sus estudios superiores sin tener que endeudarse, porque hace unos pocos días logramos dar el primer paso en la gratuidad en la educación superior.
Pienso en las parejas que hoy ven fortalecidos sus derechos y libertades con el Acuerdo de Unión Civil.
Tengo presente el triunfo de la democracia con la eliminación del sistema binominal, para que la voz de ustedes, los ciudadanos, tenga la fuerza que debe tener.
Y tengo presente también el freno que le hemos puesto a la corrupción, los abusos y las malas prácticas en la política y los negocios con las leyes que hemos ido aprobando de la Agenda de Transparencia.
Además, hemos dado inicio al proceso que nos llevará a elaborar juntos una Nueva Constitución que esté a la altura del país que merecemos.
Es decir, en 12 meses pudimos sacar adelante reformas largamente esperadas por los chilenos y chilenas y que hasta hace poco muchos creían imposibles.
Lo he dicho antes: nuestra marcha ha tenido dificultades y los cambios han creado comprensibles incertidumbres.
Pero cuando se hacen cambios profundos y complejos, no siempre es posible anticiparlo todo. Nada bueno viene fácil. Lo saben ustedes en sus casas y lo sé yo en el Gobierno.
Chile tiene la madurez para afrontar desafíos complejos y salir fortalecido. Confiemos en nosotros y en nuestra capacidad para construir desde hoy un futuro mejor para todos. Porque a lo largo de nuestra historia hemos dado pruebas de que cuando queremos podemos.
Mi compromiso es uno solo: continuaremos avanzando para realizar las tareas que el país nos demanda, con responsabilidad, con diálogo, cuidando la unidad del país, protegiendo a los más vulnerables.
Seguiremos trabajando para asegurar mejores condiciones de vida, más oportunidades y derechos para todos, más igualdad y respeto entre nosotros y mayores perspectivas de desarrollo para el país en su conjunto.
Agradezco a quienes han hecho posible estas transformaciones. Tanto a quienes han respaldado al Gobierno, como a quienes habiéndose opuesto a los cambios, han asumido finalmente que el país ya no acepta la desigualdad ni los privilegios injustificados.
Pero quiero agradecer especialmente a mis compatriotas que elevaron su voz para exigir más de las instituciones y de sus líderes.
Para el próximo año quisiera desear a todos fuerza y optimismo renovado, porque tenemos un gran trabajo por hacer. Como país, debemos implementar los cambios que hemos aprobado, pero también fortalecer nuestra democracia y dinamizar la economía y la generación de empleo.
Asumo con decisión y mucha energía la misión de conducir esta tarea como Presidenta de todos. Sabré escuchar la voz de ustedes para mejorar todo lo que se pueda hacer mejor. Pero construir Chile es una responsabilidad compartida, y espero su compromiso y apoyo.
Chilenas y chilenos:
A pocas horas de terminar este año 2015, tengo en mi corazón a nuestros compatriotas del Norte Grande, Atacama y Coquimbo; de Valparaíso, Villarrica y Los Lagos, afectados por una naturaleza que nos golpea. A todos ustedes mi cariño y mi compromiso de hacer todo lo necesario para que recuperen la plena normalidad de sus vidas.
También pienso en quienes hoy están de turno trabajando, solos o afectados por alguna enfermedad y a quienes han perdido a un ser querido. Reciban ustedes mi saludo afectuoso.
Cuando cerramos un año e iniciamos otro, reafirmemos nuestra voluntad de superación y nuestro espíritu de unidad.
Que ese espíritu prevalezca por sobre cualquier otro, porque avanzamos mejor cuando caminamos juntos en la amistad cívica y en el anhelo compartido de hacer de Chile un gran país.
Un gran abrazo para todos ustedes, ¡Feliz Año Nuevo!
(Fuente: http://www.rln.cl/noticias/nacional/11475-presidenta-michelle-bachelet-envio-un-saludo-de-fin-de-ano-a-todos-los-chilenos-y-chilenas y selección de Quorum)