Conocidos los detalles del proyecto de reforma tributaria, distintos sectores políticos destacaron las condiciones del documento, con reparos e interés en temas específicos. Mientras los dirigentes laborales defienden la posición de los trabajadores, desde la oposición y los sectores comerciales piden «no afectar el crecimiento», lo cual fue recalcado en el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet.
Por Héctor Areyuna
Las principales medidas del proyecto de reforma tributaria aspiran a un aumento de un 20 a 25% en la tasa de impuesto a las grandes empresas, se pondrá fin al Fondo de Utilidades Tributables (FUT) a partir de la Operación Renta 2018, se derogará el Decreto Ley 600, que supone incentivos a la inversión extranjera, a partir del 2016.
Además se baja la tasa máxima de impuestos a las personas de 40 a 35%, lo que no se aplicará a autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Lejos de entregar mayores detalles, la Jefa de Estado, concluyó la presentación de la reforma recalcando la necesidad de esta actualización: “Debemos usar esto con decisión y responsabilidad, un instrumento de desarrollo y justicia. Queremos avanzar a una economía moderna y debemos mejorar el capital humano. Hay rezagos impostergables en la modernización del Estado, estamos ante una sociedad más madura, y garantizar derechos que podamos financiar y garantizar en forma responsable”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas aseguró que la iniciativa agrega valor a la economía nacional, sustenta financieramente el programa de Gobierno y corrige los vicios del sistema de impuesto a la Renta.
En ahorro e inversión se propuso un mecanismo de depreciación instantánea para pequeñas empresas, que se aplicaría con modificaciones en compañías de mayor tamaño.
Se fortalece el sistema de recaudación y fiscalización a través de SII, Aduanas y Tesorería; se incluyen los llamados impuestos verdes, ante el uso de fuentes contaminantes; y se aplican impuestos específicos a bebidas alcohólicas y analcohólicas con azúcar.
Queda para ser discutido el proyecto que ya cuenta con la suspicacia de la Alianza. El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, planteó sus dudas reconociendo que queda por ver el detalle de la iniciativa: “En diez u once años se triplicó los recursos del Estado. Seguir planteando que todo pasa por el tamaño del Estado, no nos parece una buena idea. Pero podría ser que si se administran esos fondos con mucho cuidado, no se bota el dinero, podría ser bueno. Tenemos que suspender el juicio hasta conocer el fondo del proyecto”.
Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, señaló que la iniciativa pone en riesgo sectores relevantes como el vitivinícola y desincentiva la inversión.
El diputado de Amplitud, Joaquín Godoy, por su parte, cree que se debe dialogar, aunque reconoció cierta preocupación por el efecto de la depreciación acelerada, que a su juicio perjudicaría a las Pymes. De igual manera con el aumento en el impuesto de timbre y estampillas. Para todo esto, planteó una propuesta alternativa que se presentará en el debate.
Desde la Nueva Mayoría se valoró el proyecto desde los distintos partidos. El senador socialista, Carlos Montes, valoró la rigurosidad de algunos instrumentos y llamó a tramitar la iniciativa con celeridad.
“Desmantelar la franquicia de la libre construcción, terminar con la compraventa de terrenos, son buenas noticias que son forados que terminan con los beneficios para la gente con más recursos. Es importante el proyecto, debe sacarse en tiempo breve para que pueda regir con el presupuesto del próximo año”, dijo Montes.
Sin embargo, se han planteado ciertas discrepancias, por parte del diputado Pablo Lorenzini, quien advirtió que quedan puntos por debatir en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Reacciones de dirigentes laborales y empresarios
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, destacó la responsabilidad y gradualidad planteadas en el anuncio del Gobierno, asegurando que de todas formas se cumple con lo comprometido en el programa.
La dirigente seguró que mecanismos como la eliminación del FUT consideran garantías para el crecimiento, la inversión y el empleo; y además fortalece al Estado, y aseguró que sería impensable no considerar a los representantes sindicales en el debate, por lo que acudirán a la discusión a presentar estudios e informes.
“La reforma tributaria es uno de los tres pilares nuestros, junto a las mejoras al sistema de pensiones y la institucionalidad laboral. Seguiremos de cerca el proyecto, somos actores del debate. Sería impensable no ser parte del debate si hay preocupación que esto afecte al empleo. Tenemos una mirada, estudios y documentos sobre la materia”, dijo.
Por otra parte, una duda que se había planteado hace días, era la de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, que advirtieron que la actual estructura de la repartición no daba garantías para los nuevos mecanismos de fiscalización.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, Carlos Insunza, valoró ante esto el fortalecimiento del órgano público para estos fines, tanto en el SII, en Aduanas y en Tesorería y adelantó que mantendrán las conversaciones.
Insunza indicó que “no es posible pensar que el incremento de recaudación se haga en la base de las mismas instituciones. Llevamos dos semanas discutiendo con Hacienda y los servicios, seguimos por ese camino, se requiere in incremento de dotación, fortalecer los presupuestos dañados en el gobierno anterior, y recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración tributaria, relación que está en un pie muy complejo”.
Anteriormente desde la Asociación de Fiscalizadores del SII, habían señalado que “es necesario que existan condiciones básicas, que permitan una efectividad real en la recaudación y una contención sobre la evasión tributaria acorde a los planteado por el Ejecutivo, y esto sólo es posible si se implementa un proceso de modernización del SII que implique una real ley de plantas, con a lo menos 400 nuevos fiscalizadores”.
En los gremios empresariales, el presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), Roberto Fantuzzi, espera que efectivamente la reforma no afecte el crecimiento y el desarrollo.
Manifestó sus dudas sobre el mecanismo de depreciación aceleradas, ya que a su juicio tendría dificultades en su implementación en PYMES.
Sin embargo el dirigente gremial asegura que la inversión social en Salud y educación, aunque esperaba conocer antes esas reformas., Fantuzzi aseguró que la inversión no se paraliza por los impuestos, sino cuando no hay paz social y cuando las reglas no son claras.
Por su parte, Herman Von Mülhenbrock, de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), aseguró que la derogación del DL 600 tiene varias lecturas que deben ser evaluadas, por cuanto podrían existir garantías de inversión futura sin necesidad de la inversión del exterior, ya que Chile cuenta con una buena institucionalidad que lo permitiría.
De todas formas aseguró que espera revisar en detalle y la letra chica del proyecto y sobre todo revisar en cómo esto va a afectar las remuneraciones.
(Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/03/31/reforma-tributaria-politicos-y-dirigentes-exigen-participacion-en-debate y selección de Quorum)
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