Ley Antiterrorista: ¿Qué se entiende por terrorismo en Chile?

01 de octubre 2010 

Pregunta a tu parlamentario 

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Por José Luis Riffo M.

Una Comisión Mixta de senadores y diputados fue la que resolvió las diferencias entre ambas cámaras del Congreso en torno a las modificaciones que el Ejecutivo introdujo a la denominada Ley Antiterrorista, modificaciones que se emprendieron con el objeto de terminar con la huelga de hambre de comuneros mapuches en el sur de Chile.

El informe final fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados tuvo el voto favorable de 81 legisladores, nueve votos en contra y diez abstenciones.

Los principales cambios que sufrirá la actual legislación contra delitos terroristas son los siguientes:

• Se introdujo un artículo que impide juzgar a menores de 18 años por la Ley de Conductas Terroristas, sino por la de Responsabilidad Penal Juvenil, aunque se establece como agravante de delitos terroristas, el actuar en compañía de menores de edad.

  Se elimina la presunción de dolo terrorista respecto a todo delito cometido mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos y otros (el dolo debe ser probado).

  Se reducen las penas para los delitos de incendio cuando éstos constituyan conductas terroristas.

  Se garantiza el derecho de los acusados a que se contrainterrogue a los testigos y peritos protegidos que hayan declarado en su contra.

  Se exime de responsabilidad penal el desistimiento de la tentativa de cometer algún delito terrorista, siempre que se revele el plan y las circunstancias del mismo.

  Se aumentan las penas al financiamiento del terrorismo al rango entre 541 días a 5 años y 1 día de presidio.

Respecto al proyecto que restringe la competencia de los tribunales de justicia militar, traspasando todas las causas que afectan a civiles en dichas cortes a la justicia ordinaria, éste también fue aprobado por el Congreso.

¿Qué se entiende por delito terrorista en Chile?

La Real Academia de la Lengua Española define la palabra “terrorismo” como la “dominación por el terror; sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir el terror”. Desde 1984 existe en Chile una ley que sanciona las conductas terroristas, así como también la colaboración con este tipo de actividades.

Conocida comúnmente como la Ley Antiterrorista (Ley N°18.314), fue instaurada durante el régimen del general Augusto Pinochet y aunque en lo medular ha conservado sus aspectos más importantes, ha sido modificada y perfeccionada en varias ocasiones, la última de ellas en 2005, cuando se incorporó la figura de financiamiento del terrorismo.

En concreto, se entiende por “terroristas” los delitos de homicidio, lesiones, secuestro (encierro, detención, retención de una persona en calidad de rehén y/o sustracción de menores), envío de efectos explosivos, incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento, siempre y cuando ocurran en las siguientes circunstancias:

–         Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de este tipo de delitos

–         Que se cometa mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos

–         Que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias

Tomadas estas consideraciones básicas, también se incluyen en la lista de actos terroristas otros delitos como:

–         Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes

–         Atentar en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, por los cargos que ejercen

–         Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño

–         La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de terroristas

–         Los delitos de secuestro, sea en forma de encierro o detención, sea de retención de una persona en calidad de rehén y de sustracción de menores, cometidos por una asociación ilícita terrorista, serán considerados siempre como delitos terroristas

Una de las últimas modificaciones que sufrió la norma, antes de las aprobadas recientemente en el Congreso, incorporó un artículo que especifica que aquella persona que “solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas” mencionados anteriormente, será sancionada con pena de presidio.

La legislación chilena: antecedentes generales

A la fecha, nuestro país ha ratificado formalmente 12 de los 13 convenios internacionales que forman parte del marco jurídico internacional vigente de Naciones Unidas, respecto al combate al terrorismo, quedando sólo pendiente su entrada al Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (del año 2005), que ya fue aprobado por el Congreso en el mes de julio y que ahora espera su promulgación por parte del Presidente de la República.

Pero el castigo a los actos terroristas está consagrado antes que todo, en nuestra Constitución, que califica al terrorismo “por esencia” como contrario a los derechos humanos.

La Carta Fundamental estipula además que los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por un plazo de 15 años para ejercer cargos públicos o, incluso, para ser rector o director de un establecimiento educacional o ejercer funciones de enseñanza.

Quienes sean condenados por actos terroristas tampoco podrán ser –durante el periodo de 15 años- propietarios de un medio de comunicación social, ser su director o administrador ni tampoco en él funciones de difusión de opiniones o informaciones.

También se les prohibirá ser dirigentes de organizaciones políticas, vecinales, profesionales, empresariales, sindicales, estudiantiles o gremiales.

En materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Chile ha dado pasos importantes en los últimos años. La Ley 19.906 del año 2003 modificó la Ley Antiterrorista de 1984 para tipificar y sancionar el delito de financiamiento terrorista, respondiendo así al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999 y suscrito por Chile el 2 de mayo de 2001.

Un mandato para todos los estados adherentes que se vio reforzado por la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitida en 2001 tras los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que instaba a los estados miembros de la ONU a que “prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo”.

En esta misma línea, también en 2003 se publicó la Ley Nº 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como servicio público descentralizado, con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica en la comisión de delitos de lavado de activos, los que anteriormente sólo eran considerados por nuestra legislación en los casos de tráfico de drogas.

Propuestas para seguir mejorando la ley

La aplicación de la Ley Antiterrorista ha estado presente en la discusión pública en las últimos meses, principalmente por dos hechos: los allanamientos y detenciones en casas okupa, en el marco del denominado “caso bombas”, y el doble procesamiento –en la justicia civil y militar- de comuneros mapuches en la Región del Biobío.

Ambas situaciones han generado la reacción de parlamentarios de todos los sectores, para introducir nuevas modificaciones a la legislación para sancionar los actos de terrorismo. El senador Hernán Larraín (UDI), por ejemplo, respaldó la intención del Poder Ejecutivo de reformar la norma para permitir el uso de agentes encubiertos en la investigación de estos delitos.

Es importante hacer el esfuerzo de actualizar esta legislación, no sólo por estos movimientos incipientes o por estos actos o asociaciones ilícitas que se han presentado (en alusión al ‘caso bombas’), sino porque es importante estar preparado de la mejor forma por un problema que existe en el mundo y que es grave”, sostiene el senador.

En cuanto al caso de los comuneros mapuches, el Parlamento tramita un proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la jurisprudencia de la justicia militar, la que actualmente puede juzgar también a civiles, y ya aprobó -como está dicho- la iniciativa que tipifica de mejor forma el delito terrorista.

La discusión parlamentaria en busca de un acuerdo rápido frente a este último tema, considerando los más de 80 días de huelga de hambre de 34 comuneros mapuches exigiendo cambios a la ley, obligó a los legisladores a sesionar, inclusive, algunos días de fin de semana para llegar a una pronta solución.

Cabe señalar que en otros países, la legislación antiterrorista no es muy diferente a la que tenemos en Chile. Los matices pueden encontrarse precisamente en lo que se define por acto terrorista. En España, el Código Penal vigente desde 1995 define a los terroristas como “los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” cometan ataques contra edificios o infraestructura de transporte o comunicaciones mediante el uso de artefactos explosivos o mediante incendio que conlleve riesgo de lesiones o muerte”.

En Estados Unidos la llamada «Ley Patriótica» permite interceptar comunicaciones sin permiso judicial previo o controlar los libros que se solicitan en las bibliotecas, mientras que en Inglaterra está permitido el arresto domiciliario de sospechosos terroristas, nacionales o extranjeros.

(Fuente:  http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/ley-antiterrorista   y selección de Quorum)

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CIDH y anulación de condenas a mapuches: plazos y formas en que Chile materializará medidas

Dejar sin efecto las condenas, pagar indemnizaciones y entregar becas de estudio son algunas de las órdenes que el tribunal internacional exigió al Estado a favor de quienes fueron procesados bajo la Ley Antiterrorista en 2003.

por Constanza Cortés Miquel – 30/07/2014 – 16:47

Ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo que habían en contra de siete indígenas mapuche y una activista. En 2003 estas personas fueron procesadas bajo la Ley Antiterrorista, por hechos incendiarios ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y La Araucanía. 

El fallo publicado por la Corte, indica que «el Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas». Junto es esto, el tribunal internacional determinó que el país debe llevar a cabo una serie de medidas para compensar a las personas que fueron castigadas, debido a que «toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente».

Pero, ¿cómo Chile hará efectivas tales imposiciones? A continuación, explicamos los plazos y las formas de los puntos más importantes que detalla la sentencia del organismo.

 

DEJAR SIN EFECTO LAS CONDENAS PENALES IMPUESTAS A LAS VICTIMAS

Respecto de este punto, la CIDH indicó que en un plazo de seis meses -a partir de la notificación de la presente sentencia-, «el Estado debe dejar sin efectos todas sentencias penales condenatorias emitidas» en contra de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao -quien falleció en 2003-, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, José Benicio Huenchunao Mariñán y la activista Patricia Roxana Troncoso Robles.

De esta forma, se dejarán sin validez: la declaración de las ocho personas de este caso como autores de delitos de carácter terrorista; las penas privativas de libertad y penas accesorias, consecuencias y registros, a la mayor brevedad posible, así como las condenas civiles que se hayan impuesto a las víctimas; además, se dispondrá la libertad personal de las víctimas que aún se encuentren en libertad condicional. 

Además, se deberá anular la inscripción en cualquier tipo de registro nacional e internacional que los vincule con actos de carácter terrorista.

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ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA VICTIMAS

La sala solicitó también que «se indemnicen los gastos médicos futuros en que deberán incurrir las víctimas y sus familiares, producto de las violaciones a los derechos convencionales». Si bien no indicó montos por dicho concepto, sí señaló que es necesario «el acceso a prestaciones de salud (física y tratamientos psicológicos) para las víctimas y su grupo familiar. Esto debe ser de carácter especializado y aplicado con criterios de interculturalidad». 

Debido a esto, el Estado de Chile deberá brindar de forma gratuita e inmediata, a través de sus instituciones especializadas o personal de salud especializado estas prestaciones.

Asimismo, los tratamientos respectivos deberán entregarse en los centros más cercanos a sus lugares de residencia, por el tiempo que sea necesario. Junto a esto, las víctimas tienen un plazo de seis meses, para informar al Estado si desean recibir dicha atención.

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OTORGAMIENTO DE BECAS DE ESTUDIO

La Corte también solicitó que para reparar el «daño inmaterial» causado a los afectados, «se compense adicionalmente con el otorgamiento de becas de estudio a los hijos de las víctimas. Por esto, el  Estado les tendrá que dar subsidios de este tipo en instituciones públicas chilenas, que cubran todos los costos de su educación hasta la conclusión de sus estudios superiores,  ya sean técnicos o universitarios.

Quienes soliciten esta medida de reparación o sus representantes legales, indica el fallo, disponen de un plazo de seis meses para dar a conocer al Estado sus solicitudes de becas.

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INDEMNIZACION POR DAÑOS MATERIALES E INMATERIALES, COSTAS Y GASTOS

Se entenderá como daño material a la «pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso», mientras que por daño inmaterial se entenderá que éste «puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia». 

Tomando en cuenta esos conceptos, la sala internacional determinó que el Estado debe indemnizar a los afectados por ambos tipos de detrimentos, pagándoles a cada uno 50 mil dólares. En cuanto a las costas y gastos del proceso, la Corte internacional manifestó en la sentencia que el Estado chileno debe cancelar un monto cercano a los 29 mil dólares.

Para esto, tendrá un plazo de un año, a partir de la notificación de la presente sentencia. En caso de que los beneficiarios de la indemnización hayan fallecido (tal como sucede en el caso de Pascual Huentequeo Pichún Paillalao) o fallezcan antes de que les sean entregadas las indemnizaciones respectivas, ésta se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

(Fuente:  diario La Tercera  – Chile – a Través de Google Noticias  de 30 de julio de 2014  y selección de Quorum)

 

Peñailillo cierra interpelación y enfatiza que actual ley antiterrorista tiene baja efectividad

Ministro dijo que ley no se utilizará «para solucionar conflictos sociales». Aseveró que hay un total respaldo al intendente Huenchumilla y que en gobierno de Piñera aumentó violencia en La Araucanía en un 67%.

por Pablo Cádiz y Rosario Álvarez – 24/07/2014 – 13:15

Un ambiente polarizado se vivió en la Sala de la Cámara de Diputados, durante la sesión especial de interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, solicitada por parlamentarios de la Alianza con el objetivo de interrogar al ministro sobre las medidas tomadas por el gobierno en relación a La Araucanía. El encargado de realizar las preguntas fue el parlamentario RN por la zona, José Manuel Edwards. 

Una vez concluida la sesión, el ministro Peñailillo enfatizó que un equipo jurídico del ministerio está trabajando en una propuesta para actualizar la ley antiterrorista.

La idea, dijo, es tener «una mirada de fondo, mirando a otros países, porque nos deben entregar una propuesta pronto para tener una ley antiterrorista moderna».

«Queremos aplicar la ley cuando tenga éxito en los tribunales de justicia. Hoy de 111 procesados por la ley sólo 11 fueron condenadas. En el caso de algunas bombas la ley de armas es mucho más efectiva», recalcó.

En cuanto al desempeño del diputado interpelador, Peñailillo dijo que «él tenia la obligación de justificar la interpelacion, tiene que demostrarle a su bancada que era necesario hacerlo».

«Le demostré con hechos que nosotros hemos perseverado en el respeto al Estado de Derecho en la zona aumentado en distintas lugares la presencia del gobierno través de los policias. El tema es por qué no le damos espacio al debate de fondo», agregó.

En las tribunas de la Cámara estuvieron presentes representantes de las comunidades mapuches y familiares de personas fallecidas en el marco de ataques incendiarios, como es el caso de Jorge Luchsinger (ver foto). 

En varias oportunidades las personas en las tribunas fueron llamadas al orden por parte del presidente de la Cámara Aldo Cornejo, advirtiendo que en caso que no se mantuviera silencio, procedería a desalojar.

De hecho, a una hora y 45 minutos de la sesión, esta fue suspendida durante 5 minutos tras un llamado al orden. «No hay garanías, señor presidente, desaloje la sala», exclamó en un momento el UDI Patricio Melero. 

MINISTRO RESPALDA A HUENCHUMILLA Y DICE QUE MEDIDAS TOMADAS POR GOBIERNO DE PIÑERA FUERON UN «ROTUNDO FRACASO»

El diputado Edwards abrió los fuegos acusando un trato «privilegiado» a las comunidades «violentistas». 

Peñailillo respondió que «vamos a comenzar a resolver eso, y bajo los instrumentos que el Estado nos ha dado, como la ley indígena, que tiene sus aciertos y errores, vamos a tener que ver todo el proceso de entrega de tierras, y seremos estrictamente respetuosos».

Posteriormente, el secretario de Estado arremetió contra la administración de Sebastián Piñera, aseverando que «la modificación al reglamento de tierras se produjo en el gobierno anterior. Lo que hemos hecho nosotros es reodenar ese reglamento. Este gobierno sí que es respetuoso de los organismos del Estado».

Edwards hizo una segunda pregunta aseverando que «no solamente se ha favorecido a los violentistas con beneficios, sino también con declaraciones de autoridades» y cita dichos de Huenchumilla en relación a “entregar” tierras. 

-¿Usted.comparte las declaraciones del intendente Huenchumilla en relación a que los parceleros deben entregar sus tierras?

Ante esto, el ministro respondió: «El gobierno respalda totalmente al intendente Huenchumilla, como muchos de los parlamentarios de su partido, mucha gente de las región, actores sociales, empresariales, porque tiene un mandato. Y su mandato es buscar la paz social en La Araucanía. ¿La paz social como se logra?. Conversando, dialogando, no escondiendo los problemas debajo de la alfombra.

– Tras leer declaraciones de la ministra Ximena Rincón y Jaime Quintana que proponían expropiaciones de tierras en la zona, le preguntó: «La reforma constitucional incluye o no expropiaciones de casas, parcelas o bienes. ¿Podemos tener su compromiso de que usted desmentirá personeros de su coalición y gobierno que lo intenten?

Al respecto el secretario de Estado señaló que «usted me leyó declaraciones de personeros de la Nueva Mayoría yo le leo la del senador Espina de esta mañana: “Al intendente Huenchumilla hay que apoyarlo porque está buscando una solución? Con eso le respondo claramente.

«Creo que las palabras de Espina me interpretan completamente y creo que ud se debe empapar de la reflexión de los miembros de su partido que están por volcar una solución de fondo, distinta. Para responderle nosotros vamos a hacer el proceso de compra de tierras de acuerdo a la normativa vigente, y hemos repuesto el decreto que ordena el proceso de compra de tierras que el gobierno anterior eliminó y empezó a comprar las tierras a largo arbitrio», agregó. 

–Edwars preguntó: La ciudadanía exige que usted esté del lado de las víctimas, y es difícil hacerlo si se ataca a los fiscales. Vemos a una autoridad como Huenchumilla al  que usted le acaba de dar el apoyo que trata a los fiscales de opinólogos y les pide que guarden silencio. ¿Usted opina igual?

«Yo he tenido muchas conversaciones con parlamentarios de la oposición yninguno de los parlamentarios cree que con más de lo mismo vamos a resolver esto. Valoro las conversaciones con gente afectada por los hechos porque aquí tenemos que reflexionar en conjunto pensando en cómo hacemos para que la Región se encuentre como corresponde, asumiendo que somos un país multicultural, que tenemos riqueza diversa», sentenció el ministro. 

«Tener al pueblo mapuche, aimara y rapanui es una riqueza para Chile. No podemos tomar este tema sólo desde una perspectiva. Tenemos 3500 carabineros, 15% más que al año pasado. Entonces si vamos a hablar de orden público yo no tengo ningún problema», expresó Peñailillo. 

-Diputado Edwards insiste en dichos del intendente sobre que fiscales «son opinólogos». ¿Su silencio es porque ha quedado perturbado por esa declaración o es porque está de acuerdo?

Peñailillo dice: «Yo he respondido la pregunta, creo que a usted no le gusta la respuesta. En el gobierno del Presidente Piñera aumentó en un 67% los atentados en la región, comparado con el gobierno de la Presidenta Bachelet». 

«Cuando usted estaba en el gobierno y enfrentó a la Araucanía todo lo que podían, yo le quiero pedir una explicación a esa coalición que fue gobierno: Por qué aumentó en un 67% los hechos de violencia en la Araucanía. Nosotros estamos buscando una solución de fondo, un mandato muy claro, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los actores el día de hoy», enfatizó.

Edwards le replica y lo acusa de optar por la política del empate. Además, emplaza al gobierno por actuar de Huenchumilla frente a asesinato de matrimonio Luchsinger Mackay. Peñailillo enfatiza que «Quiero dejar claro que el asesinato al matrimonio Luchsinger es un crimen horroroso y nadie en Chile puede pensar distinto».

«Recibimos la región de la Araucanía en una situación muy complicada, con muchos atentados en el mes de enero. Lo que ustedes hicieron (en el gobierno de Piñera) no resultó, fue un rotundo fracaso. lo que pido es que pensemos en conjunto una solución para la región, que de verdad permita mirarnos a los ojos entre todos. Y no le quepa duda, todas las autoridades se rigen bajo el Estado de derecho», recalcó el ministro. 

– Edwards replica y dice que en estos primeros cuatro años de gobierno ha aumentado 15 veces la violencia. Usted está defendiendo lo indefendible. ¿Ha usted le parece prudente que el Intendente visite primero al asesino Córdova antes que a los familiares de las personas que él asesinó?

En este contexto, Peñailillo dijo que «quiero dejar muy claro los datos de la violencia en la zona: en su gobierno la violencia aumentó en un 67%. Nosotros hemos recibido una situación en La Araucanía muy grave. 291 atentado en el año 2012. Yo insisto, tenemos que dar todos juntos una solución de fondo a este tema».

“El intendente Huenchumilla tiene un mandato que es buscar la paz en la región, y visitarlo es parte de su trabajo. Si vamos sobre hechos tan específicos lo que nos va a quedar al final del día es que redujimos una vez más el tema sólo a un aspecto”.

LEY ANTITERRORISTA: «NO LA VAMOS A USAR PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS SOCIALES»

– Cuando usted aplicó la ley antiterrorista en el bombazo en el metro dijo que esto buscaba “afectar a personas inocentes”. ¿Acaso las víctimas de La Araucanía no son inocentes? Para usted y para el gobierno hay ciudadanos de dos clases: los de Santiago y los de las regiones. ¿Se van a ponderar los antecedentes con el mismo criterio para la aplicación de la Ley antiterrorista en todo Chile?

Luego de contar en detalle el incidente en la estación Los Dominicos del metro de Santiago, el secretario de Estado precisó: «A la ley antiterrorista hay que hacerle modificaciones importantes y la vamos a llevar a estándares internacionales con un comité de expertos de todos los sectores políticos, cumpliendo con el mandato de la ONU. ¿Porque aquí qué se busca, el instrumento por el cual queremos llevar a las personas a la justicia o que esos responsables sean sancionadas? Nosotros buscamos lo segundo, que los responsables queden en manos de la justicia.

«Nosotros no la vamos a ocupar para resolver conflictos sociales, para eso no está hecha la ley. Queremos que cuando haya algún delito terrorista apliquemos el mejor instrumento, y en el caso del metro nosotros vamos a lograr demostrar que estas personas efectivamente quisieron lograr temor entre las personas que viajaban en el metro».

– Usted se reunió con las víctimas y les dijo que el gobierno iba a compensar a las víctimas, pero después la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas dijo que eso no estaba en la agenda y el Intendente Huenchumilla no aclaró la situación. ¿Usted está por indemnizar a las víctimas de La Araucanía sí o no?

Peñailillo: “Yo me he reunido con personas afectadas por la situación, el gobierno está presente siempre en la región, y por lo tanto la presencia de las autoridades es del primer día. Y yo sé que usted tiene que justificar esta sesión pero la acción judicial ha actuado desde el primer día”, aseveró el ministro. 

En esta línea reiteró sus palabras y dijo que “nosotros le vamos a responder a la gente como corresponde a un gobierno serio y responsable.

– Edwards entregó la propuesta con los 11 puntos que el gobierno prometió a las víctimas y le pidió que las respondiera punto por punto. “Yo ya respondí esa pregunta», dijo Peñailillo. «Este no es un tema de un gobierno A a un gobierno B. Esta es una discusión que tenemos que dar entre todos los chilenos y los pueblos indígenas para buscar la solución como lo han hecho muchos países del mundo. Pero para eso se necesita voluntad de diálogo. Yo invito a debatir un poco más de fondo, ese es el momento nos sigamos con políticas que se probaron ya en los 4 años anteriores y fracasaron rotundamente. Yo espero que podamos ocupar este espacio para pensar en todos», añadió.

MEDIDAS PARA PUEBLOS ORIGINARIOS

– Edwards dice que «esperamos menos palabras bonitas y más señales claras. De las 56 medidas que el gobierno le prometió a Chile para los primeros 100 días habían 4 para los pueblos originarios que el gobierno no cumplió. Los pueblos originarios se sienten engañados». ¿Acepta usted que es contradiction, con qué se puede comprometer hoy concretamente?

Peñailillo responde: «Primero, nosotros vamos a promover la participación indígena en el poder legislativo. Segundo, institucionalidad. Nosotros vamos a llevar adelante un ministerio indígena para el cual vamos a iniciar un proceso de consulta. Tercero, Creación de Consejo de Pueblo. Cada una de estas medidas son sometidas a la reglamentación internacional del cual somos parte y tenemos que someterlo a la consulta necesario porque sino estaríamos nosotros mismos instalando una institucionalidad en que nuestros pueblos indígenas no estén de acuerdo», detalló el secretario de Estado. 

–Ministro: ¿Con qué se compromete con el pueblo mapuche? ¿Usted vino a responder a este interpelador o bien a decir tesis propias?, preguntó Edwards.

El ministro Peñailillo respondió que «yo voy a hacer todo lo posible porque en la Nueva Constitución van a estar en el lugar que les corresponde. Eso no les quepa ninguna duda». 

Sin embargo, manifestó: «Acá no se trata de hacer promesas por hacer promesas, porque de eso la región está harta. El gobierno anterior prometió un plan Araucanía, donde la región iba a quedar en el séptimo puesto de crecimiento, y sabe lo que pasó, no sólo no aumentó la violencia en un 67% sino que quedó en el último lugar. Aumentó la violencia y cayó la competitividad de la región. Por promesas de políticos la región tiene de sobra».

«Nosotros somos un gobierno serio, que va a hacer las cosas como corresponde. Somos un gobierno que honra la palabra. Nos somos un gobierno que hace la política solo por los medios», enfatizó. 

Para finalizar, el diputado de RN expresó que «usted lo único que le ha prometido a los pueblos originarios no lo ha cumplido. Le pedimos respeto al pueblo mapuche y que se entregue las tierras en el orden que corresponde. Usted no fue capaz de defender a los fiscales, de decir que es una mala señal visitar a un asesino antes que a la víctima, que iba a aplicar el rigor de la ley no sólo en Santiago sino que en regiones, no ha sido capaz de explicarnos por qué no se le cumplen las 4 medidas a los pueblos originarios, ni cuánta gente ha sido capaz de detener en esta serie de bombazos»

«Esta interpelación ha sido no ciudadana y el pueblo mapuche va a tener que seguir esperando. Nosotros queremos claridad. Por La Araucanía y por Chile espero que usted no se transforme en la cara joven y amable de un proceso añejo y doloroso. A pesar de nuestras diferencias le agradezco su presencia hoy», concluyó Edwards.

Luego, Peñailillo dijo: «Tenemos muchas declaraciones de parlamentarios de la oposición que están en la línea de trabajar esto con altura de miras. Este gobierno y este ministro va a velar por el Estado de Derecho en la región de La Araucanía y por eso hemos tomados todas las medidas que corresponden, sin ninguna exclusión de territorio. Lo vamos a seguir haciendo con fuerza y energía, y con inteligencia para encontrar a los responsables».

«La invitación que yo he hecho acá es que este gobierno quizás va a decir menos pero va a hacer más, este gobierno no va a caer en la típica trampa de los mega anuncio para que después no quede en nada. Tuvimos los peores 4 años de violencia con el gobierno anterior. Yo los invito a conversar de verdad, a mirar para adelante, a hacernos cargo de una realidad en nuestro país», finalizó. 

SEGUNDA INTERPELACION AL GABINETE GOBIERNO DE BACHELET

El 19 de julio se realizó la primera interpelación a un ministro de la segunda administración de Michelle Bachelet. En la ocasión, la titular de ViviendaPaulina Saball fue interrogada por el parlamentario de Amplitud, Joaquín Godoy, sobre el estado de avance del proceso de reconstrucción en Valparaíso y el norte grande.

En la ocasión, la secretaria de Estado evitó hablar de plazos y cifró el proceso de reconstrucción en más de 5 millones de UF.

De esta forma, Peñailillo se transforma en el segundo miembro del gabinete en pasar por este mecanismo fiscalizador.

(…).

(Fuente:  diarioLa Tercera de Chile 24 de julio 2014  y selección de Quorum)